Una nueva agresión en Brians 1 deja a cinco funcionarios heridos

CSIF exige al Departamento de Justicia mayor transparencia y control de datos de quienes acceden a los recintos penitenciarios, ya que desde el sindicato señalan una relación causa y efecto entre las visitas y los agresiones que se producen en prisiones

Una nueva agresión en Brians 1 deja a cinco funcionarios heridos
La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) exige al Departamento de Justicia mayor transparencia y control de datos de quienes acceden a los recintos penitenciarios / Archivo

Las agresiones a funcionarios de prisiones siguen golpeando a un colectivo vulnerable y sin recursos que lucha sin cesar por mejorar sus condiciones laborales y acabar con los incidentes diarios con los que ponen en riesgo sus vidas. Hace apenas 15 días, el sindicato CSIF y la organización Marea Blava reunieron a más de 300 trabajadores y funcionarios de todas las prisiones catalanas frente al Palacio de la Generalitat para reivindicar que “no queremos más chantajes por parte de quien no tiene la sensibilidad de comprender que somos un colectivo envejecido y agredido”

El colectivo de funcionarios, que presenta serias dificultades para prestar sus servicios, se ve doblemente amenazado. Por un lado, por parte de los propios reclusos y, por otro, por parte de una Administración que mira hacia otro lado.

Agresión a 5 funcionarios en Brians 1

El sindicato ha vuelto a emitir un comunicado denunciando una nueva agresión en la prisión de Brians 1 donde han resultado heridos cinco funcionarios. Sin embargo, en esta ocasión, no solo la agresión es noticia, sino que también desde CSIF denuncian una falta de transparencia en la gestión y acceso de las visitas que se realizan en prisiones. En un escrito previo dirigido a la Consejera de Justicia, Lourdes Ciuró, el sindicato solicitó un listado de datos relativos a las visitas que reciben los internos, ya que para el CSFI “estos datos pueden ser definitivos para poner luz a la oscuridad de esta malnacida lacra que sufrimos los trabajadores/as de las prisiones catalanas”.

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La interna que agredió a cinco funcionarios en la prisión de Brian 1 recibió 72 horas antes las visitas de:

  • Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional (SIRECOVI), sistema creado y gestionado por el Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos (OSPDH) que dirige Iñaki Rivera.
  • Montserrat Vinyets, abogada y militante de la CUP.
  • Síndic de Greuges que en numerosas ocasiones se ha erigido como defensor de los derechos de los internos, pero no de los trabajadores.

OSPDH: en el punto de mira

Desde CSIF cuestionan la acción del Observatorio del Sistema Penal y de Derecho Humanos (OSPDH) y de su director, el señor Iñaki Riviera Beiras. En el año 2004, el Sr. Rivera vertió acusaciones de tortura y violencia institucional por parte de los funcionarios de prisiones, por lo que hasta el año 2016 tuvo prohibida la entrada en los recintos penitenciarios de Cataluña por denuncias falsas contra los trabajadores.

En el comunicado dirigido a Ciuró puede leerse: “Consideramos que la acción de este señor y de la asociación de la cual es presidente […] es negligente, irrespetuosa y muy peligrosa para la seguridad de una prisión, ya que cuestiona todo el sistema con denuncias infundadas”.

¿Relación entre las agresiones y las visitas?

Desde el sindicato apuntan a una clara relación de causa y efecto entre las visitas y los incidentes posteriores que protagonizó la interna. Cuestionan la falta de transparencia de la Administración a la hora de facilitarles datos relativos a la gestión de dichas organizaciones y también reclaman contar con datos sobre los estudios que se les realizan a los internos por parte de las asociaciones pro derechos humanos a fin de identificar si están catalogados como agresores intrainstitucionales y si han protagonizado otros incidentes con funcionarios.

De probarse la relación causal que señala el sindicato, ya han avanzado que exigirán a Ciuró la prohibición de acceso de estos grupos a los centros penitenciarios y una declaración pública de la consejera en defensa del talante y profesionalidad de los trabajadores.

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