Torra quiere comparecer como acusación popular contra los policías del 1-O

La fiscalía se opondrá de pleno a que la Generalitat ejerza esta acusación porque “en estos delitos, la administración pública lo tiene expresamente prohibido”

Las imágenes de las cargas policiales durante la jornada del 1-O siguen siendo munición de primer calibre para el soberanismo en unos momentos en los que la división entre las fuerzas independentistas se hace más ostensible y cuando las encuestas de opinión -anteriores a la difusión de los escritos de acusación de la fiscalía- ya hablan sin rubor, como poco, de «un estancamiento en el voto secesionista».

Torra, al ataque

Torra quiere que los servicios jurídicos de la Generalitat comparezcan como acusadores populares en las causas en las que haya guardia civiles o policías nacionales imputados por lesiones o daños en el marco de su actuación durante el 1-O.

El giro de tuerca del presidente de la Generalitat obedece, según los observadores políticos consultados por este medio, a la voluntad de mantener alta la tensión de sus adeptos y no permitir la relajación de la musculatura que ha movido a una enorme masa social en favor de la independencia.

Torra parece ser consciente de que sólo va a encontrar impulso y acomodo en el vigor independentista que demuestre la sociedad. Y para ello parece empecinado en exprimir en beneficio de su causa, aquellas imágenes tan duras y para muchos tan estentóreas y crueles como fueron las de las cargas policiales durante aquella ornada electoral que no tenía validez jurídica alguna.

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La fiscalía no lo quiere permitir

La fiscalía le va a decir a Torra que no. Que no va a permitir la personación de la Generalitat en estas múltiples causas abiertas en multitud de juzgados a lo largo de toda Catalunya.

El ministerio público recuerda al President que la acusación popular está prohibida a las administraciones publicas salvo en aquellos casos en los que por ley esté expresamente permitida, como por ejemplo, la ley de violencia de género que si permite a ayuntamientos o comunidades autónomas su personación.

Además, dice la fiscalía, los garantes de la legalidad son los propios fiscales que no precisan de otros apoyos públicos para dirimir qué es legal y qué no.

Para el Ministerio público, la personación de la Generalitat como acusación popular es improcedente y sería motivo “de dilaciones indebidas, injustificadas y maliciosas”, han dicho a eltaquigrafo.com fuentes de la fiscalía del TSJC.

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