Operación Loki: un entramado familiar que se hizo de oro vendiendo carnés falsos

Más de 600 personas relacionadas con esta red que expedía permisos de circulación fraudulentos han sido detenidas, entre ellas los 14 integrantes de la cúpula de la organización. Ocho de los cabecillas han entrado ya en prisión.

Operación Loki: un entramado familiar que se hizo de oro vendiendo carnés falsos
Los millones de euros en beneficios se empezaban a acumular, más de 7.000.000 de euros, según los datos proporcionados de los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional / CNP - CME

El plan era (casi) perfecto: un informático, colaborador de la DGT, capaz de obtener permisos fraudulentos; un red de captación de interesados y cientos de conductores dispuestos a pagar lo que fuese con el fin de obtener el carné de conducir. Álvaro P., supuesto cabecilla de todo este entramado, era el nexo con la base de datos de la Dirección General de Tráfico. Primero probó primero con su madre. Como nadie se percató del fraude, expandió el negocio a unos amigos y luego, tras el éxito, él y su pareja se percataron del potencial de este “negocio”.

Todo iba viento en popa: los millones de euros en beneficios se empezaban a acumular, más de 7.000.000 de euros, según los datos proporcionados de los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional. Pero, de chiripa para los investigadores, este entramado que parecía indestructible se torció en un control rutinario de carretera.

Los agentes se percatan de informaciones contradictorias

La ‘operación Loki’, que ha permitido localizar a 1.845 beneficiarios de esta trama, con más de 600 personas detenidas, entre ellas los 14 que formaban parte de la cúpula de gestión, se inició de casualidad el verano de 2020. En un control de carretera fue detectada una persona que exhibió un carné de conducir auténtico a pesar de que presentaba un hecho discordante: el titular tenía sanciones en su expediente en fecha anterior a la expedición del permiso en la Jefatura Provincial de Girona de la DGT. Las gestiones y comprobaciones posteriores acreditaron que se trataba de un permiso fraudulento, a pesar de su aparente autenticidad.

La investigación que se derivó de este hecho inicial puso de relevo la existencia de una organización criminal dedicada a la expedición fraudulenta de carnés de conducir a ciudadanos tanto nacionales, como originarios de otros países. A partir de la constatación de que se estaba produciendo esta práctica delictiva por parte de personal que, presuntamente, trabajaba para la DGT, se trabajó conjuntamente con este organismo para desmantelar dicha actividad fraudulenta. Y así fue como estirando el hilo, Mossos, Policía, la Fiscalía y la misma DGT llegaron al apartamento de Álvaro P. y de su pareja, en S’Agaró (Girona), los dos cabecillas de la banda

El líder y el colíder de esta organización  

Desde 2019, Álvaro P. trabajaba para una empresa subcontratada por la DGT como técnico informático. Él se aprovechaba de sus conocimientos, y del amparo de su domicilio, durante el confinamiento, para acceder a las bases de datos de los permisos de conducir para modificar los datos y/o expedir carnés a personas que no tenían, que querían ampliar de coche en camión o que lo habían perdido por infracciones y se habían quedado sin puntos.

Para dar salida a los permisos y favores fraudulentos que iba realizando necesitaba a alguien que le pudiera proporcionar beneficiarios. Por eso el informático y su pareja contactaron con un hombre que les facilitó la red de intermediarios que le hacía falta. Se trata de una persona que ya tenía un historial delictivo y que actuaba como jefe visible de la organización desde Quart (Girona): captaba los clientes, hacía los cobros de los permisos y le daba protección. Este hombre ejercía el rol de colíder de la organización.

El modus operandi: a través de una red de intermediarios

La mecánica de actuación era la siguiente: el colíder tejió una red de intermediarios que hacían de conseguidores de los clientes. Se trata de personas que, en algunos casos, regentaban locutorios a los que acudían personas que no disponían de carné de conducir con intención de conseguirlos. Según los investigadores, en la parte de encima de la pirámide de esta organización criminal estaban Álvaro, su pareja y este vecino de Quart. Los tres, para la Fiscalía, ejercían, presuntamente, de cerebros del entramado criminal que vendía los carnés falseados.

Con la información del permiso querían obtener y de sus datos personales, los intermediarios la proporcionaban al colíder de la organización, que le hacía llegar a su vez al informático que creaba el permiso al sistema de la DGT, que después le expedía el carné físico auténtico, ya que se desconocía que era fraudulento de inicio. Para los investigadores los 14 miembros de la cúpula de este entramado, muchos de ellos familiares entre sí, estaban muy bien organizados y actuaban

Beneficiarios repartidos en 25 provincias de todo el país

A pesar de que el alcance principal de la organización estaba en Catalunya, había beneficiarios de cualquier punto del resto de España. De hecho, según la información que adelantó este medio, hubo detenciones y registros en 25 provincias de todo el país. Y es que, en este sentido, esta red criminal es responsable de la emisión de 1.845 permisos de conducir españoles auténticos de forma fraudulenta.

Los dos líderes del grupo se repartían los ingentes beneficios que se obtenían por permiso, a un precio fijo por carné en función de la categoría demanda. Este es el precio que cobraban a los conseguidores que, a su vez, cargaban a los beneficiarios la cantidad que querían en cada caso para obtener su propia ganancia. Para obtener cada permiso se pagaban cantidades que podrían oscilar entre los 3.000 a los 15.000 euros.

Llevaban un ritmo de vida muy elevado

Con el dinero obtenido a partir de esta práctica delictiva, los principales investigados compraban propiedades inmobiliarias, vehículos y otros productos de lujo, y mantenían un ritmo de vida muy alto que no se podía justificar ni con el sueldo de la DGT, en el caso del informático, ni con la ausencia de ingresos, por parte del colíder. Una parte del dinero se enmascaraba con la adquisición de criptomonedas.

Con todo, este viernes la jueza de Instrucción 1 de Girona ordenó prisión para la mayoría de la cúpula: para Álvaro P., su pareja, el colíder, los suegros del informático y tres de los conseguidores, de nacionalidad pakistaní. La madre de Álvaro, primera beneficiaria de todo este entramado, ha quedado en libertad por razones médicas, según han explicado fuentes judiciales.

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