Muere el doctor Eduardo Vela, primer inculpado por la trama de bebés robados

La Audiencia Provincial de Madrid le atribuyó una adopción "fuera de los cauces legales" y se le imputaron 3 delitos: detención ilegal, suposición de parto y falsificación en documento oficial

Muere el doctor Eduardo Vela, primer inculpado por la trama de bebés robados
Una imagen del Dr. Vela durante su juicio

El doctor Eduardo Vela, el único médico juzgado en España por el caso de bebés robados, falleció este lunes a los 86 años en la capital. El fallecimiento de Vela coincide con la preparación, por parte de varias asociaciones de lucha y denuncia contra los bebés robados en España, de una denuncia, de envergadura internacional, que pretende incorporar varios delitos, además del que tiene que ver con la desaparición o robo forzoso de los bebés.

Como adelantó el periódico ABC, entre 1961 y 1981 Vela fue director de la madrileña clínica San Ramón, epicentro de las denuncias por este tipo de casos. En octubre de 2018, la Audiencia Provincial de Madrid le consideró “autor” de los tres delitos de los que le acusaba la Fiscalía y por los que pedía 11 años de cárcel —detención ilegal, suposición de parto y falsificación en documento oficialen relación con un caso de bebés robados de 1969—, pero lo absolvieron al entender que habían prescrito.

En este sentido, la Fiscalía General del Estado emitió hace años varias circulares a las fiscalías provinciales advirtiendo que no debían investigarse los casos de bebés robados al tratarse de delitos prescritos. Sin embargo, Nuria González, abogada especializada en Derechos Humanos, y María Bueno, presidenta de la Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados en Andalucía (ALUMBRA), insisten en que eso no es cierto, ya que en el reglamento judicial correspondiente se contempla que los años hasta la prescripción de este delito no empiezan a contabilizarse hasta que el individuo afectado no es conocedor de su realidad, es decir, de que es un niño robado.

Motivó a simular un embarazo

Las magistradas le consideraron autor de los tres delitos por los que se sentó en el banquillo tras quedar probado “de forma incontestable” en el juicio que el doctor Vela entregó al matrimonio formado por Inés Pérez Pérez y Pablo Madrigal Revilla, una niña que no era suya, Inés Madrigal, quién logró encontrar a su familia biológica. Inés fue inscrita en el registro civil como hija biológica de quienes en realidad eran sus padres adoptivos.

Inés Pérez, que falleció en 2016, a los 93 años, declaró durante un careo con el doctor en 2013 que Vela la citó a ella y a su marido en la clínica San Ramón para entregarles un bebé «como regalo» y que previamente había intentado convencerla para que simulara un embarazo «colocándose un cojín bajo la barriga».

Miles de casos de bebés robados han sido archivados al estar prescritos, pero el de Madrigal siguió adelante. Su aspiración era que su caso llegase el Tribunal Supremo para que sentase jurisprudencia y se reabrieran las causas archivadas por este motivo.

Macro querella internacional

Precisamente en estos momentos, varias asociaciones de lucha y denuncia contra los bebés robados en España están preparando una macro querella de envergadura internacional, que pretende incorporar varios delitos además del que tiene que ver con la desaparición o robo forzoso de los bebés.

En el escrito de denuncia se pretende añadir, a diferencia de denuncias anteriores, delitos de género y tortura, así como de lesa humanidad; justificando que la madre que da a luz es también víctima directa del delito perpetrado, entendiendo que se ejerce una violencia estricta a la mujer que pare y se le arrebata su criatura, provocando daños morales irreparables en un momento de absoluta vulnerabilidad que pueden suponer, incluso, una tortura para quien ha perdido a su hijo o hija.

Las entidades denunciantes lamentan la poca investigación que se ha hecho sobre esta lacra que hoy en día se ha podido demostrar y verificar, siempre con la ambigüedad que supone la prescripción de estos casos. Por eso prevén que la denuncia no tendrá cabida en los órganos judiciales españoles, por ello su intención es agotar todas las vías judiciales que presenta y ofrece el Estado español para llegar con su escrito y acusación a tribunales internacionales.

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