Macroquerella contra la lacra de bebés robados instaurada en España

Los denunciantes entienden que además del robo de los bebés, existen otros delitos como el de género, tortura o lesa humanidad y pretenden llegar a los tribunales europeos

Macroquerella contra la lacra de bebés robados instaurado en Españ
La querella también se presentará por un delito de lesa humanidad

Varias asociaciones de lucha y denuncia contra los bebés robados en España colaboran conjuntamente en la redacción de una denuncia, de envergadura internacional, que pretende incorporar varios delitos además del que tiene que ver con la desaparición o robo forzoso de los bebés. En el escrito de denuncia se pretende añadir, a diferencia de denuncias anteriores, delitos de género y tortura, así como de lesa humanidad; justificando que la madre que da a luz es también víctima directa del delito perpetrado, entendiendo que se ejerce una violencia estricta a la mujer que pare y se le arrebata su criatura, provocando daños morales irreparables en un momento de absoluta vulnerabilidad que pueden suponer, incluso, una tortura para quien ha perdido a su hijo o hija.

Además, tanto la abogada Núria González, como la presidenta de la Asociación por la Lucha de Madres de Bebés Robados en Andalucía (ALUMBRA), María Bueno, insistían en una entrevista con eltaquigrafo.com que al tratarse de una práctica que se convirtió en algo sistemático y prolongado en el tiempo también se presentará una querella por delito de lesa humanidad.

Incoherencias y poca investigación

Ambas, partícipes en el proceso de recuperación de pruebas documentales y redacción del escrito de denuncia, lamentan la poca investigación que se ha hecho sobre esta lacra que hoy en día se ha podido demostrar y verificar, siempre con la ambigüedad que supone la prescripción de estos casos. Por eso prevén que la denuncia no tendrá cabida en los órganos judiciales españoles, por ello su intención es agotar todas las vías judiciales que presenta y ofrece el Estado español para llegar con su escrito y acusación a tribunales internacionales.

No es la primera vez que una denuncia queda estancada o archivada en los tribunales provinciales de nuestro país, por eso está encarado esta denuncia con la intención de que supere todas las vías judiciales españolas y llegue al Tribunal Europeo.

Antes, sí o sí, deben agotar todas las vías que ofrece el sistema judicial español y al acusar de un delito de género, de tortura y lesa humanidad la denuncia se va a interponer directamente en la Audiencia Nacional.

En este sentido, la Fiscalía General del Estado emitió hace años varias circulares a las fiscalías provinciales advirtiendo que no debían investigarse los casos de bebés robados al tratarse de delitos prescritos. González y Bueno insisten en que eso no es cierto, ya que en el reglamento judicial correspondiente se contempla que los años hasta la prescripción de este delito no empiezan a contabilizarse hasta que el individuo afectado no es conocedor de su realidad, de que es un niño robado.

“Hay tanta gente implicada, tantos altos cargos involucrados hasta las trancas que no les interesa investigar por eso se justifican con la prescripción de los delitos. Todo el sistema sanitario quedó impregnado de está práctica, incluso los funcionarios que inscribían a los bebés en el registro civil. Se trata de una trama muy bien orquestada y con demasiados nombres detrás” aseguraba González.

En la misma línea, la presidenta de ALUMBRA, lamenta como el Estado era consciente y nunca hizo nada, ni siquiera abrió una investigación, siempre amparándose en lo mismo: la prescripción del delito.

Los implicados

Bueno que es una madre víctima de esta práctica se ha convertido en toda una experta en la materia e insiste en que no fue algo que se realizó tan solo durante el franquismo. “Cuando tu llevas años construyendo un sistema de robo de bebés tan bien engranado, dicho sistema no muere de la noche a la mañana. Y bien entrada la democracia esta dura realidad seguía vigente”.

En este sentido, en el preámbulo de la ley de Amnistía de 1987 se puede leer que dicha ley se ha sometido a modificaciones para “evitar el odioso tráfico de bebés”. Esta afirmación demuestra que esta era una realidad que pasó las fronteras de la dictadura, que era una realidad sabida y conocida por los altos cargos y que, aun así, nunca se abrió una investigación al respecto.

Además de altos cargos gubernamentales, González y Bueno afirman que los hospitales públicos estaban al corriente de esta práctica, pues es donde se llevaba a cabo, principalmente. María Bueno logró la declaración de varios ginecólogos que aseguraron que firmaron actas de nacimiento falsas para que las familias adoptivas pudieran inscribir a los bebés como biológicos en el registro civil.

Incluso los funcionarios del registro civil fueron partícipes, ya que cuando éstos recibían a madre tristes y derrumbadas que solicitaban el acta de defunción de sus bebés y dichas actas no existían, tampoco removieron cielo y tierra para averiguar qué ocurría. Ya lo sabían. Los bebés no tenían actas de defunción porque nunca habían muerto. Eso, asegura Bueno, implicaba un doble shock para las madres. De ahí que argumenten el delito de tortura.

La Iglesia y sus beneficiados

González afirma que detrás de toda esta trama se encuentra la Iglesia, al principio porque en la dictadura formaba parte del poder, luego porque la practica nunca dejó de ejecutarse. Les arrebataban los bebés a las madres solteras, porque era pecado, les arrebataban los bebés a las prostitutas porque era doble pecado, a las madres pobres y sin recursos. ¿Los beneficiados? Familias ricas, católicas y con problemas de fertilidad.

Las mujeres embarazadas llegaban al hospital dejando su vida y el futuro de su bebé a merced de los médicos y éstos las engañaban, les robaban y les mentían. “A mi me durmieron -explica María- sin embargo, no me hicieron cesaría. Al despertarme me dijeron que mi hija había muerto a las pocas horas que no pudieron hacer nada por ella… pero nunca fue enterrada, ni existe el acta de defunción”. Las familias beneficiarias recibían certificados de parto firmados y podían registrar a los bebés robados como biológicos. Incluso, María Bueno ha podido recuperar documentos en los que altos cargos de la Iglesia explicaban a las familias que se iban a quedar con el bebé de que manera tenían que inscribir a la criatura en el registro civil.

Lesa humanidad

Así pues, estas organizaciones de víctimas entienden que además de existir un delito de robo, más que evidente y con pruebas documentales que así lo certifican, existen otros delitos como el de género – al entender que se ejerce una violencia y menosprecio extremo a la mujer que pare y solo las mujeres pueden parir -, así como de tortura – por el engaño, el trauma que supone creer que tu hijo a muerto y descubrir que eso no es así -, y de lesa humanidad, al tratarse de una práctica que se inició en 1936 por la Guerra Civil Española y haber casos registrados a finales de los 80 principios de los 90.

Esta agrupación de asociaciones de víctimas y amigos, lo que también quieren visibilizar es que no se trata de una práctica antigua que se realizó durante el franquismo, sino que existen casos más recientes y que es una realidad que nunca se ha investigado. Con todo, la denuncia espera presentarse a mediados de febrero cuando puedan tener en orden todo el escrito y las pruebas que lo acreditan.

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