Los trabajadores de atención domiciliaria exigen más medidas ante la COVID-19

El colectivo de atención domiciliaria carece, en plena crisis por el coronavirus, de un protocolo de actuación domiciliaria para afrontar su impacto y de medidas de protección que velen por la seguridad de las trabajadoras y de los usuarios.

Los trabajadores de atención domiciliaria exigen más medidas ante la COVID-19

La Plataforma de Servicios de Atención Domiciliaria de Catalunya (PSADC), dedicada a la prestación de apoyo y cuidados a personas que, por cualquier circunstancia, dejan de ser autónomos para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria en sus domicilios, ha denunciado públicamente y ante la oficina de inspección de trabajo la gran precariedad que sufren, maximizada tras la parición de la pandemia de la COVID-19

En concreto, su queja va dirigida tanto a los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, que deben velar por el control y la calidad que las empresas subcontratadas ofrecen a sus trabajadores y usuarios como, por supuesto, a la empresa que provee dichos servicios. Fuentes cercanas a la PSADC han explicado a eltaquigrafo.com que la empresa que debe ofrecer el servicio y atención forma parte del grupo de Florentino Pérez y, al parecer, los trabajadores no están recibiendo respuesta alguna ni de un lado ni del otro, quedando así en una situación de total desamparo. Fina, portavoz de la PSADC, ha explicado a este medio que esta misma situación también es extrapolable al resto de municipios de Catalunya, siendo «empresas del Ibex35» quienes andan detrás de estos servicios. 

Lamentan que, tras decretarse el estado de alarma y así oficializarse la crisis del coronavirus, ni las instituciones públicas responsables de la provisión del servicio (ayuntamientos, consejos comarcales y gobiernos autonómicos) y ni mucho menos desde las empresas privadas adjudicatarias del servicio «se está haciendo nada para paliar la situación de alarma de los trabajadores y trabajadoras, así como de los usuarios de dichos servicios, ante lo que significa esta pandemia en nuestro sector». Se refieren, en este sentido, a la situación de riesgo y exposición, tanto de los usuarios como de los propios trabajadores. «No nos cogen ni el teléfono» aseguran desde la plataforma. 

Sin protocolo sanitario de actuación 

Aunque la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, las ha felicitado y ha reconocido en los medios de comunicación su trabajo y labor en estos momentos de máxima tensión sanitaria; las trabajadoras de atención domiciliaria, mayoritariamente mujeres, exigen más medidas de seguridad para poder afrontar el virus con más protección y lamentan la inexistencia de un protocolo sanitario de actuación que regule qué hacer en estos casos y, en concreto, ante la crisis de la COVID-19. 

En un comunicado que han hecho llegar a eltaquigrafo.com, exponen que «es vergonzoso» que, a día de hoy, aún no tengan ningún protocolo sanitario de actuación para hacer frente al virus ni material de protección adecuado (como mascarillas desechables, guantes o jabón antiséptico suficiente) para poder llevar acabo los servicios con un mínimo de rigor y seguridad, a fin de que la pandemia no se extienda. «Somos un colectivo que se traslada de un domicilio a otro, durante toda la jornada», aseguran desde PSADC, exigiendo, así, una cobertura mínima para no contagiar y, sobre todo, no contagiar a un segmento de la población que, además, es francamente vulnerable. 

El colectivo matiza que solo en Barcelona ya son más de 4.000 trabajadores que visitan entre cuatro y siete domicilios al día. Consideran que la precariedad de sus condiciones y la falta de protección y de medidas que controlen su trabajo puede provocar una expansión del problema de salud pública que ahora nos ocupa, exponiendo a un grupo vulnerable y de riesgo. Según explicaba Fina, el material que han dado a cada trabajador es mínimo y no cumple con las exigencias de la situación. 

Responsabilidad del Ayuntamiento 

En el caso de la ciudad de Barcelona y de las personas que reciben esta atención, son los servicios sociales del Ayuntamiento los responsables de la adjudicación del servicio a las empresas privadas proveedoras, siendo su responsabilidad, velar y controlar que dichas empresas faciliten las condiciones adecuadas de seguridad y de calidad, tanto de las trabajadoras como de los usuarios. 

Aseguran que «en infinidad de ocasiones, se ha denunciado el incumplimiento reiterado de las empresas privadas de las condiciones pactadas, sin que los responsables del Ayuntamiento tomen medidas válidas para subsanarlo y hacer cumplir las condiciones de adjudicación». Explicaban fuentes de la plataforma a este medio que, tanto el Ayuntamiento como la empresa, desoyen a las trabajadoras y a los usuarios que han pedido, reiteradamente, la remunicipalización del servicio a la dependencia. Sin embargo, temen que, tras una nueva licitación privatizadora, se incorporen otras empresas que ejecuten las funciones del Ayuntamiento y controlen a las demás, a fin de que cumplan con las condiciones establecidas. 

Las trabajadoras de estas empresas, que lamentan el trato precario que están recibiendo, lo han definido como «una denegación de las funciones de responsabilidad que tiene la Administración o, en términos coloquiales, ‹poner al lobo al cuidado de las ovejas›», creyendo que este control de la calidad y las condiciones del servicio debería seguir siendo una competencia del propio Ayuntamiento.

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