Los presos del ‹procés› presentarán contratos de trabajo para salir de prisión

Los abogados de los nueve condenados por el Tribunal Supremo por un delito de sedición, en el marco del conocido juicio del ‹procés›, apelarán al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para pedir la libertad de sus clientes, con el objetivo de que puedan ir a trabajar.

Los presos del ‹procés› presentarán contratos de trabajo para salir de prisión
El Supremo condenó a Oriol Junqueras a 13 años de prisión | ACN

Los abogados especializados en derecho penitenciario de los nueve políticos independentistas en prisión, condenados por el Tribunal Supremo (TS) por un delito de sedición y, en algunos casos, también por malversación de caudales públicos, presentarán, a partir de febrero, distintos contratos laborales, que se han ofrecido a los condenados, para que así se les permita su eventual salida de la cárcel. Esta medida responde a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario que posibilita que los presos salgan de la prisión durante la jornada laboral. 

A grandes rasgos, consiste en aplicar a un recluso clasificado en determinado grado penitenciario y de «baja peligrosidad social» algunas de las ventajas del grado siguiente. Es decir, un preso en primer grado podría tener algunas de las ventajas del segundo. Y uno en segundo, algunas del tercero. Fuentes penitenciarias lo definen como «un traje a medida»: puede consistir en conceder más días de permiso al año o salidas regulares de prisión para trabajar o, incluso —en los casos más favorables—, permitir al preso permanecer durante el día fuera de la prisión y regresar sólo a dormir, o no pisar la prisión en ningún momento del fin de semana. 

Forcadell necesitará otro tipo de contrato

La aplicación de este artículo se solicitará para todos los condenados, a excepción de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que al estar ya jubilada, va a proponer otro tipo de actividad, aunque no sea laboral, amparada en el artículo 117 del mismo Reglamento Penitenciario. En este caso, para poder gozar de la misma libertad, se presentará un convenio para ejercer un voluntariado. 

El artículo 117 del Reglamento Penitenciario permite a los reclusos en segundo grado con «baja peligrosidad social» y en los que no se adviertan riesgos de quebrantamiento de condena acudir «regularmente a una institución exterior», durante unas horas, «para la realización de un programa concreto de atención especializada, siempre que éste sea necesario para su tratamiento y reinserción social». Este es el artículo que se ha aplicado a Iñaki Urdangarin para que salga martes y jueves para hacer voluntariado en una ONG. 

La JTP emitirá un informe

Una vez se presenten dichas solicitudes, amparadas en los artículos 100.2 y 117 del Reglamento Penitenciario, la Junta de Tratamiento Penitenciario (JTP) de la Generalitat emitirá un informe, exponiendo su resolución, aunque no es legalmente obligatorio. Esta misma Junta —un órgano técnico integrado por profesionales— es la que resolvió, el pasado mes de diciembre, el segundo grado de los nueve presos. El segundo grado o régimen ordinario —el que cumple la mayoría de los presos en España— implica que los dirigentes políticos no podrán disfrutar de permisos de salida, por ahora. El tercer grado, en cambio, implicaría que los presos podrían salir de la cárcel y regresar solo para dormir.

En caso de que la Administración Penitenciaria catalana accediese a la petición de los imputados y sus abogados, ésta no podría ser ratificada salvo por el juez de vigilancia penitenciaria, quien tendría la última palabra al respecto. 

Condenados por sedición 

Cabe recordar que, el pasado 14 de octubre, el TS dictó sentencia contra los políticos independentistas investigados por la causa del procés. El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, afronta la pena más alta —13 años—, por un delito de sedición en concurso medial (cuando un delito es un medio necesario para la comisión de otro) con malversación. 

De los otros ocho acusados que están en prisión, tres exconsejeros (Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) fueron condenados, por sedición y malversación, a 12 años de cárcel; los otros dos (Josep Rull y Joaquim Forn) fueron absueltos del delito de malversación y el Tribunal les impuso una pena de 10 años y medio de prisión, por un delito de sedición. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, fue condenada a 11 años y medio por un delito de sedición. Y, por este mismo delito, se impuso una pena de nueve años a los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, quienes ya pueden solicitar sus primeros permisos para salir eventualmente de prisión.

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