Los Mossos desamparados por la Generalitat ya tienen nuevos abogados

El abogado José María Fuster-Fabra llevará la defensa de siete de los diez agentes afectados y estudiará aumentar la pena inicial que solicitaba la Generalitat para igualarla con la petición de la Fiscalía de 3 años de prisión para cada uno de los acusados

Los Mossos desamparados por la Generalitat ya tienen nuevos abogados
Los hechos enjuiciados se remontan al 30 de enero de 2018 / EFE

El pasado jueves 25 de noviembre, la Audiencia de Barcelona suspendía in extremis un juicio contra siete manifestantes independentistas acusados de presuntos desórdenes públicos, atentado y lesiones a una decena de Mossos d’Esquadra. La precipitada retirada de los abogados de la acusación particular, ejercida por la Generalitat, obligó al magistrado a posponer la sesión, dejando a los agentes totalmente desamparados pocas horas antes de que se celebrase la vista. El tribunal otorgó entonces 15 días a los afectados para que buscasen a otro abogado y procurador para poder reanudar el juicio con todas las garantías.

Una semana después de estos hechos, los agentes implicados ya tienen nuevos letrados. Los servicios jurídicos de los sindicatos policiales SPC y USPAC se harán cargo del caso y defenderán los derechos e intereses de los diez mossos que la semana pasado ya aseguraron ante el presidente de la sección quinta de la Audiencia Provincial que querían seguir ejerciendo la acción penal contra los acusados.

Flaco favor a los acusados

La decisión de la Generalitat (disposición que los sindicatos enmarcan en el último acuerdo entre el Govern y la CUP acerca de no involucrarse en procedimientos penales en lo que haya manifestantes independentistas implicados) ha hecho en realidad “un flaco favor” a los acusados, aseguran fuentes del bufete de José María Fuster-Fabra, que llevará la defensa de siete de los mossos afectados. Esto es así, añaden, porque los nuevos abogados estudiarán la posibilidad de aumentar la pena contra los acusados.

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Si hasta su retirada, la Generalitat pedía dos años de prisión (pena que sin antecedentes no implica el ingreso en prisión), y la Fiscalía tres años; ahora, los ya declarados nuevos letrados barajarán la idea de aumentar la pena e igualarla con la petición del Ministerio Fiscal cuando eleven sus conclusiones a definitivas. “Con la retirada de la Generalitat queda bajo el criterio del nuevo abogado elevar la pena, mantenerla o modificarla”, han explicado las mismas fuentes a eltaquigrafo.com

De esto modo, la estrategia de la Generalitat acabará perjudicando a los acusados, a quienes, según la opinión de los sindicatos, querían “proteger” con su retirada, tras el acuerdo alcanzado con la CUP el paso mes de julio. Ya desde verano, lamenta David Miquel, portavoz de SPC, los servicios jurídicos de la Generalitat han ido abandonando causas similares. Sin embargo, protesta el portavoz, en esta ocasión “se han pasado de la raya”.

Los argumentos de la Generalitat

Tras el acuerdo con la CUP, se estableció que la Generalitat se retiraría de todos aquellos procedimientos en los que hubiese manifestantes independentistas implicados, siempre y cuando no se pudiesen acreditar las lesiones de los agentes, ni fuese posible identificar a los autores.

En esta línea, el abogado de la Generalitat excusó su retirada: en un principio, Interior instó a los servicios jurídicos a que se personaran al considerar que podrían esclarecer quién atentó contra los mossos, pero finalmente constataron que «no es posible determinar el autor concreto de cada una de las lesiones». En cuanto al delito de desórdenes públicos, aseguró que se trata de «bienes jurídicos de carácter colectivo perfectamente defendidos» por la fiscalía y por el letrado de uno de los agentes afectados. Las defensas denunciaron que se estaba vulnerando los derechos de los imputados y acusaron a la Generalitat de actuar «de forma maliciosa».

Por todo ello, y por el acuerdo con la CUP, los servicios jurídicos de la Generalitat abandonaron la acusación particular horas antes del inicio de la vista, que  ha quedado pospuesta quince días.

Exigir responsabilidades a la Generalitat

En este sentido, David Miquel denuncia que no es la primera vez que la Generalitat deja desamparados a sus trabajadores, pues, recuerda, los Mossos d’Esquadra son funcionarios públicos. Es por eso, por lo que desde los sindicatos, cuando finalice este procedimiento que quedó interrumpido el pasado jueves 25, estudiarán reclamar y exigir responsabilidades a la Generalitat de Catalunya, por dejadez de funciones.

Por su lado, tanto el sindicato, como los gabinetes jurídicos que han aceptado llevar la acusación particular, tienen claro que no dejarán de lado a los agentes y defenderán sus intereses hasta el final. Aunque aún sin fecha exacta para el reinicio de este proceso judicial, el bufete de Fuster-Fabra ya se ha puesto a estudiar la causa, que defenderá junto con los servicios jurídicos de USPAC, los intereses y derechos de los agentes.

Los hechos

Los hechos enjuiciados se remontan al 30 de enero de 2018. En el marco de las movilizaciones de carácter independentista que se derivaron tras el referéndum ilegal y la posterior aplicación del Código 155, por parte del Gobierno central, diversas entidades independentistas convocaron concentraciones por la nueva investidura y unas 5.000 personas se acercaron al parque de la Ciutadella, que alberga el Parlament. Por la tarde, un grupo de “estética antisistema agitó a la masa y provocó tensión” con la policía, según la fiscal. Los manifestantes rompieron las cadenas en tres puntos del parque y trataron de “acceder al Parlament”, pero no lo lograron porque toparon con una segunda línea policial y las vallas metálicas. Hubo “empujones”, “lanzamientos de objetos” y “puñetazos” a la policía, hasta que los antidisturbios cargaron.

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