Los Maristas quedan retratados

Los dos Mossos d'Esquadra que investigaron los abusos sexuales perpetrados por el exprofesor de gimnasia, Joaquín Benítez, a alumnos de la escuela de los Maristas en el distrito de Sants-Les Corts explicaron este lunes que el centro se resistió a facilitarles información sobre el acusado tras la primera denuncia presentada contra él en el 2011

Los Maristas quedan retratados
un momento del juicio al pederasta confeso Joaquín Rodríguez | EFE

Los dos Mossos, que han declarado como testigos en la Audiencia de Barcelona en la primera jornada del juicio por los abusos cometidos por Joaquín Benítez, han asegurado que el entonces director del centro, Francesc Xavier Giné, no quiso facilitarles más datos que el nombre completo de Benítez.

Dicha denuncia, como ha informado El Periódico, fue interpuesta en 2011 por la misma orden religiosa ante la queja de unos padres, pero no en el juzgado, sino en la fiscalía de menores, que no tiene potestad para perseguir delitos cometidos por adultos. Al final, la familia del niño decidió no denunciar y el proceso acabó siendo archivado. Años más tarde, llegó la denuncia de Manuel Barbero, padre de una de las víctimas.

Los agentes han asegurado que Benítez siguió en todos sus delitos un «mismo patrón» a lo largo del tiempo que estuvo, presuntamente, abusando de los que eran sus alumnos en el colegio de los Maristas de Sants. Uno de los policías detalló, durante su comparecencia, que el modus operandi consistía en «llevar al estudiante a un despacho y con el pretexto de corregir una lesión, empezaba con tocamientos en los genitales, que proseguía con felaciones. Empezaba con un masaje y acababa en los abusos».

Inicio del juicio

Antes de iniciarse la vista, los abogados mantuvieron una reunión de casi una hora para debatir la posibilidad de un pacto que pasaría por la confesión del exdocente y la aceptación de una pena de 17 años de cárcel. El procesado no aceptó las condiciones planteadas, pues reconoce haberse propasado solo con un exalumno y no con los otros tres. Al acabar la primera sesión del juicio, el pederasta confeso pidió perdón a las víctimas y aseguró que «había más docentes» implicados.

Tras la reunión, los primeros en testificar han sido las cuatro víctimas, que lo han hecho a puerta cerrada para proteger su intimidad ante la gran expectación mediática del caso, que desveló en 2016 Manuel Barbero, el padre de uno de los alumnos de quien abusó. Las 4 víctimas han confirmado lo que más tarde explicarían los agentes de la policía catalana: Benítez siguió en todos los casos el mismo patrón.

Cabe recordar que se presentaron otras 13 denuncias más contra Benítez, pero al haber prescrito los delitos la justicia solo aceptó las 4 denuncias vigentes.

Tras ellos, ha sido el turno de un vicario provincial de los Maristas, Pere Francesc Ferré, que ha sido interrogado en calidad de representante del centro, a cuya fundación la Fiscalía sitúa como responsable civil subsidiaria.

El vicario ha negado que la escuela encubriera los abusos, aunque ha reconocido que se ocultó el primer caso denunciado sobre Benítez al resto de familias del centro porque los padres afectados pidieron permanecer en el anonimato.

Ha dicho, asimismo, que los Maristas Sants-Les Corts no despidió al profesor porque éste se fue antes de que lo hicieran y que tampoco lo echaron inmediatamente tras la primera denuncia, ya que «el director ese día no estaba en el colegio».

El acusado declara el último

Está previsto que Benítez, que se ha situado al lado de su letrado, sea interrogado el último durante la segunda jornada del juicio, justo antes de los informes finales. La vista se prolongará, en principio, hasta el miércoles.

Antes de que las víctimas entraran en la sala, los abogados de la acusación solicitaron la admisión como prueba del documental ‘Shootball’ y la declaración de su creador, Félix Colomer. El tribunal rechazó, como hizo el juez durante la instrucción del caso, la incorporación en el proceso de la película, en la que Benítez confiesa haber abusado de exalumnos. Los magistrados argumentaron que no pueden aceptar declaraciones efectuadas en el ámbito extrajudicial.

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