Las dos caras de la huelga indefinida convocada por los estudiantes

La convocatoria de huelga ha creado malestar en las facultades, sobre todo, por parte de aquellos alumnos que quieren ir a clase y no pueden.

Las dos caras de la huelga indefinida convocada por los estudiantes
Bloqueo del acceso de Ciutadella de la UPF | SEPC

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocado huelga indefinida de estudiantes en las universidades catalanas a partir de este martes, 29 de octubre. Consideran que la actuación política requiere de una respuesta estudiantil con acciones continuadas contra la sentencia del procés y contra las actuaciones policiales vividas durante las movilizaciones de los últimos días, sobre todo, durante las jornadas de mayor tensión. 

Pero, mientras que parte de los universitarios, acogidos a la convocatoria de huelga, exigen a los rectorados facilidades académicas y de evaluación para llevar a cabo las protestas; existe otra parte, de signo político contrario y cada vez más numerosa, que se ha plantado ante esta situación y exige, por su lado, poder asistir a clase sin ningún tipo de represión por parte de otros compañeros. Es por ello, por lo que en las universidades catalanas se esperan unos días de tensión. 

¿En qué consiste la huelga?

El SEPC ha convocado esta huelga indefinida en protesta por la sentencia del procés y «para permitir que las estudiantes podamos estar en la calle defendiendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la amnistía de todas las presas políticas y la condena más firme a la represión, tanto la que hemos sufrido estas dos últimas semanas como la que se sufre en el día a día», aseguraron en un comunicado. 

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Lo que entiende este sindicato de estudiantes, y así lo trasladó su portavoz, Bel Oliver, en el programa Planta Baixa de TV3, es que, ante un momento de excepcionalidad como lo es el actual, las universidades y los universitarios no pueden quedarse al margen de lo que sucede en las calles. Creen que su deber es movilizarse y, como consecuencia, «del derecho a la huelga —añadía Oliver—, la movilización debe molestar y alterar la normalidad en las aulas». 

Concepto con el que desde la organización constitucionalista «S’ha Acabat» —nacida a raíz de una escisión de Societat Civil Catalana— discrepan. Este colectivo luchará, a su vez, por defender su derecho de poder acceder a clase y gozar de una evaluación continuada, y no única, como reclaman los estudiantes que quieren estar presentes en las movilizaciones y que, por lo tanto, no podrán asistir a clase. 

¿Qué pasa con la evaluación?

Éste es el gran interrogante. La gran mayoría de las universidades públicas de Catalunya, a excepción de la Universitat de Barcelona (UB), todavía siguen estudiando como lidiar con esta situación y garantizar los derechos de todos los estudiantes: de los que quieren ir a la huelga y de los que quieren asistir a clase. Se prevé que, finalmente, los estudiantes se puedan acoger tanto a la evaluación continuada —si quieren ir a clase— como a la evaluación única —si quieren defender su derecho a huelga—. 

En este sentido, el SEPC pretende aprovechar la primera jornada de huelga para reclamar a los rectorados la evaluación única y la anulación de todas las actividades evaluables mientras duren las protestas por la sentencia del procés. El sindicato quiere así garantizar «la máxima respuesta» de los estudiantes a las movilizaciones en la calle contra el fallo del Supremo.

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha sido la última en pronunciarse sobre la flexibilización de los sistemas de evaluación en sus centros. Pese a que el pasado 24 de octubre el claustro rechazó la evaluación única, en un nuevo comunicado ha abierto la puerta a utilizar este sistema en las recuperaciones.

El rectorado de la UB ha dejado en manos de cada facultad la posibilidad de llegar a acuerdos con los estudiantes sobre los criterios de evaluación. De momento, una decena de facultades (Ciencias de la Tierra, Economía, Educación, Filosofía, Geografía e Historia y Física) han acordado evitar las actividades evaluables hasta el 5 de noviembre y permitir la evaluación única. En Farmacia, se han suspendido las actividades de evaluación, las clases prácticas y todas las actividades que supongan la asistencia obligatoria por parte de los alumnos. Hay otras cinco facultades pendientes de tomar una decisión al respecto. 

La Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universitat Rovira i Virgili celebrarán este miércoles consejos de gobierno para analizar la situación, mientras que la Universitat de Girona lo hará este jueves. Por otro lado, en la de Lleida (UdL) no se han recibido, de momento, peticiones por parte de los estudiantes, se estudiarán las opciones cuando lleguen. Finalmente, en la Politècnica de Catalunya (UPC), las diferentes escuelas comenzarán esta semana a debatir cómo hacer efectiva esta flexibilidad.

«S’ha Acabat» defenderá el ir a clase

Aun sin respuesta de gran parte de las universidades públicas catalanas, el colectivo «S’ha Acabat», defenderá, por su lado, el poder asistir a clase y seguir con la evaluación continua. Algunos de sus representantes han afirmado que respetan las movilizaciones convocadas por el SEPC, pero a un lado de los accesos de las respectivas facultades. Entienden que ellos tienen el mismo derecho de poder ir a clase, si quieren. Este grupo —cada vez más numeroso— también está organizando acciones ante las facultades para garantizar el acceso de los estudiantes que así lo deseen. 

De hecho, durante la mañana de este martes, el representante de universidades de «S’ha Acabat», Jordi Salvadó, se encontraba en los accesos bloqueados de la UPF, intentando mediar para acceder a clase. 

Se inicia la primera jornada de huelga 

A pesar de la tensión que esperaban las universidades, la primera jornada de huelga indefinida ha empezado sin incidentes y de manera desigual en las distintas universidades públicas catalanas. Mientras que los tres campus de la UPF y el de la UPC en Manresa han amanecido con los accesos bloqueados, en el resto de las universidades se ha seguido con la actividad lectiva. 

En el campus de la Ciutadella de la UPF se han vivido los momentos de mayor conflicto entre los estudiantes que sí querían acceder a las aulas y los que bloqueaban los accesos. De hecho, la universidad ha lanzado un mensaje por redes sociales, advirtiendo a los estudiantes que no se acercaran al campus. Aun así, según informó el SEPC, durante la primera jornada no se pretendían hacer grandes acciones ni piquetes en las facultades a la espera de saber qué decidían las universidades en relación con las fórmulas de evaluación. 

En el caso de la UAB, manifestaciones de estudiantes han provocado retenciones en la B-30 y la AP-7, a la altura de Bellaterra. Ambas vías han estado cortadas durante un rato y aunque ya han quedado abiertas, se acumulan colas de vehículos. 

¿Y los profesores?

Hasta que no se confirme cómo queda el sistema de evaluación de las distintas universidades, no se podrá evaluar el papel de los docentes en todo este conflicto. Aun así, como se espera poder acogerse tanto a la flexibilidad evaluativa como a la evaluación continua, los profesores deberán seguir, siempre que sea posible, con sus clases, para poder garantizar que los que se acojan a la continuación de la actividad docente, puedan hacerlo sin incidentes. 

De todos modos, según el comunicado de huelga, ésta se dirige a los estudiantes y no a los profesores y otro personal, que continuarán, o eso se espera, con su actividad laboral. No obstante, en algunas asambleas se pide la participación de los docentes y del personal administrativo.

Por otra parte, los colectivos Foro de Profesores y Universitarios por la Convivencia han enviado una carta abierta a los rectores de las universidades catalanas para expresar su rechazo por el posicionamiento público de los centros en contra de la sentencia del procés y que reclama la libertad de los líderes independentistas encarcelados. «Los órganos de gobierno de nuestras universidades están conformados por profesores, estudiantes y personal de administración y servicios que, en modo alguno, han sido elegidos por sus ideas políticas. Carecen, por tanto, de legitimidad moral para pronunciarse sobre cuestiones de orden político en nombre de las personas a las que representan», recoge la misiva. Según los firmantes, la carta ya cuenta con 800 apoyos y adhesiones.

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