La violencia en el delito de rebelión

Ricardo Gómez de Olarte
Ricardo Gómez de Olarte

El Art. 472 del Código Penal dispone siete conductas que pueden constituir un delito de rebelión. A los efectos del actual juicio a los políticos catalanes y dicho de forma esquemática, “son reos del delito de rebelión los que se alcen violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: (…) 5º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional. 6º Despojar al gobierno de alguna de sus facultades 7º Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia al Gobierno”

Dejando al margen estrategias de defensa y cuestiones de semántica política, los requisitos para que se pueda calificar unos hechos como delito de rebelión son:

A) Una conducta que consiste en alzamiento público (levantamiento con desobediencia a la ley) y violento.
B) Varias personas puestas de acuerdo para conseguir el anterior alzamiento.

Ese objetivo común, ese alzamiento, comprende “tanto el punto de vista formal de un atentado directo a la Constitución como las alteraciones graves del normal funcionamiento de las instituciones”. Son palabras de una resolución de la Audiencia Nacional de 21 de diciembre de 2015. Dos años antes de los hechos que ahora se juzgan.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una resolución de 2014 (la de Artur Mas) exigió que la violencia fuera una “actitud activa por la fuerza o estando dispuesto a su utilización y en forma pública, patente o exteriorizada”. Sin embargo, la misma resolución destaca que la concurrencia de violencia física puede no ser necesaria cuando el alzamiento por sus características y por el número indeterminado de personas implicadas, es de tal dimensión que tiene capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuación a las fuerzas del orden sabedoras de que cualquier oposición a los planes rebeldes, tornará el alzamiento en violento y belicoso.

Es decir, que la masa dirigida desde atrás asuste a quien quiera oponerse a ella intentando defender la ley.

Es por ello que debemos hablar de violencia propia o impropia. O de violencia directa o indirecta. La inmediata/directa sería la que cometieron aquellos que destrozaron, por ejemplo, el coche de la Guardia Civil, o quienes asediaron la sede de la Consejería de Economía cercando a la comisión judicial, etc.

La mediata/indirecta podría ser la de los organizadores que empujan a la masa a la calle, la de quienes repartieron dinero para ese motivo, crearon instituciones para despojar al gobierno de la nación de sus facultades o evitaron que los Mossos actuaran en defensa de la Ley prestablecida.

En ese sentido cabe hablar de autor inmediato o directo del delito y de autor mediato o indirecto. Si la ley exigiera conjuntamente en los mismos autores la violencia y la ejecución de actos materiales para conseguir cualquier clase de rebelión castigadas en el Código Penal podría darse el caso de que el violento directo –el de la calle- podría alegar que no se ejerció la violencia para el delito de rebelión.

A su vez el violento indirecto –el del despacho- podría defenderse diciendo que no ejerció la violencia. Autores del delito pueden ser tanto los que bajaron a la calle como los que dirigieron a los callejeros. Si además estaban preavisados por el Tribunal Constitucional, la cosa se agrava.

Como dije en mi anterior columna: la ley es dura, pero es la ley. La ley se puede cambiar siempre que se haga por los cauces legales. La democracia consiste en defender el imperio de la ley que han dictado los políticos libremente elegidos.

Sócrates tuvo la oportunidad de escapar de la justicia. No lo hizo y preguntado por el motivo de quedarse, dijo antes de ingerir la cicuta: ‘‘En absoluto. Supondría que las leyes no sirven para nada’’. Quizás este detalle se le debió olvidar a Junqueras cuando lo citó recientemente. Dura lex, sed lex.

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