La mafia de los vientres de alquiler: los vínculos de BioTexCom con el gobierno ucraniano

Las relaciones de privilegio del director de BioTexCom con altos mandatarios de Ucrania permiten que sus empleados se libren del llamado a filas obligatorio, para dedicarse al traslado de bebés a búnkeres de almacenaje y adquirir refugios antiaéreos, mientras la población muere bajo las bombas.

La mafia de los vientres de alquiler: los vínculos de BioTexCom con el gobierno ucraniano
Albert Totchilovski director de BioTexCom, Vitaly Kupriy diputado ucraniano, Vlodomir Zelenski, presidente de Ucrania.

Albert Totchilovski, director ejecutivo de BioTexCom y señalado por la fiscalía ucraniana desde 2018 como posible autor de delitos de trata de personas -a través de la venta de bebés al frente de su empresa-, anunció hace unas semanas que habían adquirido un refugio antiaéreo cerca de su clínica en Kiev, como preparativo ante la posible invasión rusa, para poder salvaguardar la ‘inversión’ que habían hecho cientos de adquirentes de bebés de todo el mundo a través de la explotación reproductiva de mujeres ucranianas, práctica conocida como vientres de alquiler.

Imágenes de BioTexCom

Hace pocos días, BioTexCom publicó otro video en el que se exhibe el traslado de decenas de niños de semanas de vida a ese bunker. Esos traslados son realizados por hombres fuertemente armados. Llama la atención que esos “vigilantes” tienen la edad para la que el gobierno ucraniano llamó a filas a todos los hombres del país. Sin embargo, los hombres que aparecen en el video se identifican con un brazalete amarillo y nos muestran un pase autorizado para cruzar todos los check points de la capital ucraniana.

Recordar que Ucrania está considerada el “Útero de Europa”, porque exporta (vende) 2.500 bebés al año fruto de la explotación reproductiva de mujeres ucranianas. Ucrania tiene un salario medio de 155 euros al mes y el 33,4% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza.

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Amigos poderosos

Es de sobra conocida la buena relación de Albert Totchilovski, también conocido como Albert Man, con legisladores muy cercanos al presidente Zelenski, como es el caso del diputado Vitaly Kupriy, quien hizo el trabajo sucio del actual presidente al denunciar a su predecesor, Petro Poroshenko, por traición en 2018, lo que allanó el camino de su muy amigo Zelenski hacia el poder.

La denuncia se hizo por una supuesta compra del presidente de carbón a empresas prorrusas, lo que le valió la acusación de alta traición. El expresidente siempre se ha declarado inocente, pero fue arrestado en Varsovia en diciembre de 2021 y trasladado a Kiev en enero de 2022, donde se encuentra encarcelado a la espera de juicio.

Con ese tipo de amistades tan poderosas en el gobierno por parte Totchilovski podemos pensar que es normal que sus empleados, fuertemente armados, hayan sido dispensados del llamado a filas y puedan pasear por toda la capital con acceso libre a cualquier zona, mientras cargan decenas de bebés como si de mercancía se tratase.

Uno de los principales escollos que la Unión Europea le ha señalado a Ucrania para poder aspirar a formar parte de la misma es su altísimo e incontrolable nivel de corrupción política.

Rico en favores

Albert Totchilovski es ciudadano alemán, pero nacido en Ucrania, en la antigua ciudad de Voroshilovgrad, hoy Lugansk, una de las auto declaradas repúblicas independientes prorrusas que han sido reconocidas por Putin. Es posible que el papel de Totchilovski, que presume de haberse hecho rico de la nada, haya podido ser el de aliado del gobierno Zelinski en territorio prorruso, papel que le habría valido las prebendas de las que ahora disfruta, como haber podido adquirir un refugio antiaéreo para proteger sus ‘dividendos’ (es decir, bebés recién nacidos), o la dispensa que sus vigilantes no se unieran al ejército, mientras el resto de sus conciudadanos mueren bajo las bombas o son obligados a alistarse con solo 16 años.

También puede ser que, gracias a sus amistades, la acusación formal realizada por el fiscal general ucraniano Lutsenko en 2018, que le hacía enfrentarse a penas de cárcel de hasta 15 años por trata de personas, falsedad documental y fraude fiscal, haya sido enterrada en un cajón y nunca se haya sentado en un tribunal al director de BioTexCom, ya que al cambiar el presidente también se produjo el cambio del fiscal general. Ahora el cargo lo ocupa Iryna Venediktova, también muy cercana al presidente Zelensky.

Empresa investigada por la fiscalía española

En 2019, la entonces la fiscal general María José Segarra encargó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que investigara a la empresa BioTexCom por los mismos delitos que se le imputaba en Ucrania. Sin embargo, aunque este hecho se publicitó como si la iniciativa hubiera salido del organismo español, lo cierto es que la investigación se realizó tras la petición que la fiscalía ucraniana había hecho en 2018 a la fiscalía española, ya que es dicha empresa a la que más españoles y españolas acuden para adquirir un bebé en Ucrania, víctima de la explotación reproductiva.

Nada se sabe respecto a esa investigación, si ha seguido o ha sido paralizada. La explicación de ese silencio procesal se encuentra en Ucrania; si con el cambio de fiscal general la causa contra BioTexCom y Totchilovski ha sido enterrada en su país, la fiscalía española puede haber decido aparcar también el procedimiento, ahora que nadie le pide documentación al respecto.

Otras denuncias también “sepultadas”

Además de las supuestas investigaciones a BioTexCom, en 2020 la asociación a favor de los derechos humanos, L’ESCOLA A.C. presentó denuncia también ante la Fiscalía General contra seis agencias de vientres de alquiler que operan en España y todos los cónsules que firmaron inscripciones de estos bebés en el extranjero tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2014, que explicita la nulidad de cualquier contrato de vientre de alquiler para la legislación española por atentar contra los derechos humanos de mujeres y niños.

El resultado de esa denuncia ha sido el mismo: inacción total de la fiscalía general y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La consecuencia directa de esta negligencia procesal es que, aun siendo ilegal en España, las autoridades gubernamentales y judiciales de nuestro país permiten que ciudadanos y ciudadanas españoles sigan practicando la explotación reproductiva, formando parte así del entramado criminal de los vientres de alquiler.

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