La JEC deja en manos del Parlament la inhabilitación de Torra

La JEC admite que debe ser el Parlament, con mayoría independentista, quien decida sobre la inhabilitación del president. Mientras, Fiscalía y Mossos investigan la retirada de la bandera española del Palau de la Generalitat.

La JEC deja en manos del Parlament la inhabilitación de Torra
Quim Torra, en el centro, y Roger Torrent, a su derecha, durante los actos del Onze de Setembre | GENCAT

Nuevo revés para la Junta Electoral Central (JEC) y la justicia española. La JEC, tras su pretensión de inhabilitar al president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, por la que obtuvo siete votos a favor y seis en contra, ha admitido esta semana que es el Parlament de Catalunya quien debe analizar y decidir en última instancia, antes de ser condenado bajo sentencia firme, si Torra sigue siendo presidente, aun habiéndole retirado su acta de diputado. 

Antonio Sempere, Luz García, José Luis Seoane, Inés Olaizola Nogales, Ramón Chornet y Juan Montabes firman de este modo su voto particular en el que expresan que, a su juicio, la decisión de la JEC, que resolvió retirar el acta de diputado a Torra por estar inhabilitado por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, «corresponde al Parlamento de dicha comunidad autónoma». Tres de los seis miembros de la JEC que votaron en contra de la decisión pertenecen al Tribunal Supremo y los otros tres son académicos. 

Es decir, que será el Parlament quien decida si la pérdida del escaño, que la JEC considera inmediata, conlleva para Torra la salida del Palau, algo que ya ha dicho que no hará. La Mesa del Parlament tiene mayoría independentista y el Letrado Mayor ya intercedió a petición del presidente de la cámara catalana, Roger Torrent (ERC), para salvar a Torra.

¿Qué dice el Estatuto?

El Estatuto de Autonomía de Catalunya establece que para ser elegido presidente hay que ser diputado. Por eso, PP, Ciudadanos y Vox pedirán previsiblemente que cese. Pero JxCAT ya adelantó que la pérdida del acta no está entre las causas de cese inmediato del presidente previstas en la ley de presidencia. Es decir, que si bien ser diputado es condición indispensable para ser elegido presidente, la pérdida del acta no conlleva la destitución.

El caso, previsiblemente,acabará en los tribunales, pero este último revés da margen a Torra mientras el Supremo ratifica o no su condena por desobediencia. La mayoría del Parlament lo arropó y consideró un «golpe de Estado» la decisión de la JEC.

Condenado por desobediencia 

El viernes, la JEC decidió, por una mayoría muy ajustada —por solo un voto de diferencia—, que Torra debía quedar inhabilitado por el asunto de los lazos amarillos. La propia Junta resolvió, durante la campaña para las elecciones generales del 28 de abril, que el presidente de la Generalitat debía retirar los lazos, pancartas a favor de los presos y otros símbolos partidistas de los edificios públicos durante el periodo electoral, en aras de la «neutralidad política».

Torra desoyó ese mandato y desafió a la Junta Electoral, que puso el caso en manos de la Fiscalía. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya procesó al president el pasado noviembre y, en diciembre, le condenó a una pena de 18 meses de inhabilitación, por un delito de desobediencia. La sentencia no es firme, porque Torra la ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

Otro frente abierto 

Por otro lado, aunque de momento no afecta directamente al president, la Fiscalía y los Mossos d’Esquadra investigan la retirada de la bandera española del Palau de la Generalitat,que se produjo el pasado viernes, tras el anuncio de la Junta Electoral Central de la inhabilitación del president, Quim Torra, según fuentes policiales. Esas mismas fuentes señalan que por el momento no hay ningún identificado ni investigado. 

El incidente se produjo a las 21.08 horas del viernes y la enseña volvió a ser izada a las 21.25, apenas 17 minutos después. En un primer momento, los Mossos identificaron a varias personas de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en la azotea de la Generalitat. De hecho, la propia ANC se atribuyó la acción en un tuit en las redes sociales.

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