La Guardia Civil acredita que “las estructuras de estado” estaban presupuestadas

Los investigadores trasladan al juzgado diversos informes sobre la financiación de la república y sobre la fórmula utilizada por los imputados para camuflar las facturas del referéndum

La Guardia Civil acredita que “las estructuras de estado” estaban presupuestadas
Nuevos informes sobre la financiación del "procés"

Mientras el juicio contra el “procés” continua en el Tribunal Supremo, la unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona continúa alimentando de información a la juez de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el llamado “caso Anubis”.

Efectivamente, tal y como adelantó en su declaración judicial el Teniente Coronel de la Unidad, Daniel Baena, sus agentes han remitido a la juez diversos informes que, en algunos casos, ahondan en la documentación incautada en casa del exsecretario de Hacienda, Luis Salvadó.

En concreto, la Guardia Civil ha enumerado una a una las estructuras de estado y los procesos transitorios predeterminados por el equipo que lideraba Puigdemont para establecer de una forma unilateral y automática la república catalana, tras el referéndum ilegal.

Informes detallados

La Guardia Civil ha enumerado las leyes, protocolos y mecanismos elegidos por los imputados de cara a implementar las estructuras del estado catalán. Pero, además, añaden la cuantificación económico-presupuestaría de dicha implementación. No se concreta de dónde va a obtener el futuro gobierno el líquido preciso para la puesta en marcha del nuevo país, pero sí que, en otros informes, se especifican algunos contratos “sospechosos” que estarían articulados ad hoc para la causa ilegal del proceso secesionista.

Por de ejemplo, la Guardia Civil detectó facturas sobre contrataciones de software para la implementación de una posible estructura de recaudación unilateral del IVA por la futura administración catalana independiente.

La Guardia Civil hace hincapié en que, el grueso del dinero gastado en el referéndum es dinero malversado. Esa malversación se habría hecho a través de contratos marco, suficientemente globales y amplios como para introducir y maquillar en ellos las partidas que sirvieron para sufragar el referéndum.

Los Mossos, no.

La Guardia Civil, y en menor medida, el Cuerpo Nacional de Policía, han trabajado para el juzgado nº 13 durante los dos últimos años. No así los Mossos.

Fuentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, han querido resaltar que ni bajo el paraguas de ese juzgado, ni dos años antes (2015), en el marco de la orden de investigación dictada por la fiscalía de la Audiencia Nacional, ante la sospecha de que estuvieran desviando fondos para el futuro referéndum, los Mossos no actuaron.

Estas mismas fuentes afirman que los Mossos no lo hicieron a sabiendas y contravinieron, así, el mandato legal que les sitúa vinculados en régimen de dependencia a jueces y fiscales. Preguntadas estas fuentes acerca de la revelación surgida durante el juicio, según la cual, la cúpula de los Mossos se plantó frente al presidente, vicepresidente y conseller de interior el día 28 de septiembre de 2017, dos días antes del referéndum, la FCS más que hablar de posición legal y disciplinada de los mandos de la policía autonómica, hablan de un plante pantomímico y falaz, porque la mayoría de ellos habían estado apercibidos por el Constitucional en caso de desacato, con nombre y apellidos.

Las relaciones operativas en materia de policía judicial entre Mossos y Guardia Civil son prácticamente inexistentes desde hace dos años.

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