La fiscalía pide ahora que se archive la querella contra De los Cobos

El Ministerio Público, que nunca vio delito, se despistó “fruto de la saturación de trabajo” y, deprisa y corriendo, ha tenido que recurrir la admisión a trámite de la denuncia presentada por abogados de la CUP contra el coronel al mando del 1-0

Diego Pérez de los Cobos saluda a Josep Lluís Trapero | EFE

A la fiscalía le metieron un gol por toda la escuadra. Un colectivo de abogados (algunos estrechamente vinculados con la CUP), anunciaron la presentación de una querella criminal contra el coronel de la guardia civil, Diego Pérez de los Cobos, responsable de operativo de seguridad y de las cargas policiales durante el pasado 1-0. Y cumplieron sus amenazas. Presentaron la querella por los delitos de prevaricación, desordenes públicos y torturas.

La fiscalía no veía por ningún lado el menor atisbo de delito en las actuaciones del coronel. Pero, por esas inexplicables cuestiones burocráticas que tanto atenazan y someten a la administración de justicia, quizá directamente vinculadas con la sobre carga de trabajo que padece la fiscalía -según los propios fiscales-, pasó el plazo y trascurrieron los tres días preceptivos para interponer el correspondiente recurso contra la admisión a trámite de la dicha querella.

Así, el juzgado se puso a trabajar en el asunto y requirió a CNP y a la guardia civil, el listado de nombres e identificación policial de todos los agentes que participaron en los operativos. El juzgado ordenó, además, que se le informara de quién dio las órdenes concretas de dichas cargas y de porqué se eligieron unos colegios y otros nos. También preguntó cuál es el motivo por el que a partir de una determinada hora, se interrumpieron esas cargas.

Cuando la bola de nieve ya se había hecho grande -mandos de la policía y de la guardia civil llamaron preocupadísimos al ministerio público- la fiscalía se dio cuenta del desaguisado que no había atinado a impedir de entrada.

Así, y tal y como ha podido saber eltaquigrafo.com, ha recurrido ante la audiencia de Lleida (demarcación dónde se presentó la demanda) la admisión a trámite de la querella que ahora califican de tendenciosa y de falta de base jurídica. Piden, en caso de que no hubiera más remedio que admitirla, que se imponga a los querellantes una fianza de 80.000 euros.

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