La Audiencia no ve espionaje de los Mossos y avala archivar la causa

La sección 6ª de la Audiencia de Barcelona confirma la decisión del juzgado núm. 22 de la capital catalana de archivar las diligencias sobre el supuesto espionaje realizado por los Mossos d'Esquadra sobre algunas personas por su perfil sociopolítico.

La Audiencia no ve espionaje de los Mossos y avala archivar la causa
Josep Lluís Trapero y Manel Castellví acompañados por el exdirector de los Mossos Albert Batlle (img.archivo)

La Audiencia de Barcelona ha avalado este viernes el archivo de la causa sobre el supuesto espionaje de los Mossos d’Esquadra a dirigentes constitucionalistas en la etapa del mayor Josep Lluís Trapero, al concluir que los seguimientos fueron para evitar agresiones en una época «convulsa», sin invadir la intimidad.

Así lo sostiene la sección sexta de la Audiencia, en un auto en el que se confirma la decisión del titular del juzgado de instrucción 22 de Barcelona, que en enero pasado dio carpetazo a la investigación sobre el supuesto espionaje, destapado a raíz de la documentación que la Policía Nacional incautó a la policía catalana cuando la iban a incinerar, la víspera de la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.

Situación “convulsa”

La Audiencia resalta que, cuando se llevaron a cabo los seguimientos a políticos y dirigentes constitucionalistas, la situación en Cataluña era «convulsa» por el “procés” y, en este contexto, se buscó información para evitar agresiones sin invadir la vida privada ni los espacios íntimos de los afectados.

Además, según la Audiencia, entre la documentación que los Mossos iban a incinerar también había numerosos informes sobre personas vinculadas al yihadismo, grupos anarquistas tildados de «violentos» y organizaciones de «ultraderecha«, por lo que cuestiona que hubiese una orden general de investigar a «rivales políticos» en pleno proceso independentista.

Dudas sobre ciertos seguimientos

El juez abrió la causa para determinar si, en la última fase del “procés”, cuando los Mossos estaban liderados por el mayor Josep Lluís Trapero, la comisaría general de información, que dirigía el entonces comisario Manel Castellví, ordenó la investigación, fundamentalmente, a través de seguimientos a personas «caracterizadas políticamente por su activismo en pro de la unidad de España«.

A raíz de la documentación intervenida a los Mossos, la Policía Nacional concluyó, en un informe remitido a la Audiencia Nacional, que este supuesto espionaje se enmarcaría «controlando para ello todos los colectivos, personas y sus actividades en una manifiesta labor de apoyo a la ejecución de la ‘hoja de ruta’ del secesionismo, desde que se oponían a éste con la finalidad de subvertir el orden constitucional«.

La Audiencia reconoce que, en un momento inicial, no cabía excluir la plausibilidad de esta hipótesis pero que, una vez efectuadas las correspondientes comprobaciones, la Audiencia Nacional rechazó asumir la investigación, lo que «devaluó el peso acreditativo» de ese informe.

No incurrieron en la desviación de poder

El juez de instrucción acordó el archivo de la causa en enero pasado al considerar que los Mossos no incurrieron en «desviación de poder» y se limitaron a buscar información «esencial en toda policía» sobre personas que por su significación sociopolítica podían ser partícipes o víctimas de incidentes en un momento «especialmente vulnerable«, en pleno proceso independentista.

En la misma línea, la Audiencia de Barcelona concluye que el examen de la documentación intervenida pone de relieve que no se llevó a cabo «acción alguna» de obtención de información por parte de los Mossos que, por sí misma, pudiera constituir delito de alguna clase.

Según la Audiencia, la obtención de la información la llevaron a cabo funcionarios públicos a través de su percepción directa, siempre en espacios públicos.

Se descartaron otras hipótesis

La sala apunta que, aunque los métodos no fuesen delictivos, se podría mantener la hipótesis de que se dio una instrucción general de investigar y obtener datos de determinadas personas y colectivos por razón de su ideología, si bien también lo descarta, ya que la investigación ha acreditado que también se indagó sobre otros perfiles políticos y sobre eventos que podían alterar el orden público.

En este sentido, la Audiencia recuerda que, en el año 2017, el del referéndum del 1-O y la posterior declaración de independencia, hubo en Cataluña una cobertura policial de 961 manifestaciones, «lo que da una idea de la magnitud de la situación».

Única discrepancia

En el único punto en que la Audiencia difiere del juez instructor, es a la hora de decidir si el archivo debe ser definitivo, lo que supone una sentencia absolutoria anticipada -como acordó el magistrado-, o provisional, como impone la sala.

Según el tribunal, no cabe descartar «definitivamente» que, en un futuro, puedan surgir «nuevos elementos de convicción» que aconsejen la reapertura de las actuaciones.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here