Eurobank: Sentencia firme, dos años sin cobrar y el ‘capo’ fugado

Los accionistas del banco, víctimas de la fraudulenta descapitalización de la entidad perpetrada por el fugado, Eduardo Pascual Arxe, acusan a la Audiencia de inacción y avisan con querellarse.

Eurobank: Sentencia firme, dos años sin cobrar y el 'capo' fugado
Pascual Arxe se encuentra fugado de la Justícia.

En 2003, se inició el procedimiento contra la cúpula de Eurobank. Los accionistas habían sido víctimas de un monumental atropello: el presidente de la entidad, Eduardo Pascual Arxé había liderado una constante y delictiva descapitalización de la entidad financiera. Dinero que se sisaba al banco y que iba a parar a su bolsillo.

La tramitación de la causa se prolongó durante más 13 años. Así, el juicio se celebró en 2016 y la sentencia (condenatoria) fue dictada en 2017. A todo esto, Pascual Arxé, implicado, además, en los ERE andaluces, se las había pirado, primero, a través de Bolivia, con documentación falsa, y más tarde, en dirección a África. Allí, en los alrededores de Burkina Faso, se esconde, burlándose de la ineficacia —o, mejor dicho, de la inoperancia— de las autoridades judiciales españolas para logar su extradición. El abogado que representa la acusación particular en nombre de los accionistas, Ricardo Gómez de Olarte, lo avisó verbalmente y por escrito. Hasta en cinco ocasiones, alertó a la Audiencia de que Pascual se largaría antes del juicio. Y así fue.

«Queremos nuestro dinero»

El dinero de los accionistas (unos 120 forman parte de la acusación particular como directos damnificados) está embargado en cuentas bancarias de Luxemburgo y, tras dos años de reclamaciones infructuosas, aún sigue allí y, en la Audiencia no saben y no contestan. La acusación particular, por no recibir, ni si quiera ha recibido el comprobante del recordatorio de la reiteración del cumplimiento de la comisión rogatoria a Luxemburgo para desencallar el embargo y trasladar el dinero que robaron Pascual y sus adláteres a sus legítimos dueños en España. Se trata, según sentencia firme, de más de 18 millones de euros.

«Está en trámite. A ver si, para septiembre, podemos conseguir algo», dice una fuente cercana a la letrada de la Administración de Justicia del juzgado de la Audiencia Nacional, que ha de ejecutar y cumplir con la sentencia.

¿Inoperancia o desidia judicial?

Los accionistas, hartos, muchos de ellos con verdaderos dramas económicos a sus espaldas a causa de la situación creada por el coronavirus, exigen su dinero, el dinero que, un día, un banquero malicioso les robó y por el que legalmente han luchado.

Por culpa de la burocracia o de la inoperancia de la maquinaria judicial aún no les ha sido entregado, dos años después de la sentencia. Hartos, amenazan con acciones judiciales para aquellos que pudieran ser responsables, por acción u omisión, de dicha dilación. Y ya ganaron una vez.

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