Entra en el juzgado para denunciar “los palos” del 1-O y sale acusado de obstrucción

Un ciudadano de Lleida denunció a un agente del CNP por haberle golpeado durante las cargas del 1-O y escucha, perplejo, como el juez absuelve al policía pero le imputa a él por incumplir la Ley de Seguridad Ciudadana

EFE

Al presentar la denuncia se identificó. Al aportar sus datos, primero ante los Mossos d’Esquadra y más tarde en el juzgado, la fiscalía tomó nota: o se ponía de su parte y acusaba al agente antidisturbios que según la denuncia golpeó brutalmente al ciudadano, o por el contrario, procedía contra el denunciante por vulnerar el artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana que afirma que “cometerán falta grave los que impidieran a una autoridad o funcionario público del cumplimiento de una orden judicial”.

Y ha ocurrido lo segundo. El fiscal exonera de culpa al policía por falta de pruebas y ha pedido al juez que “deduzca testimonio contra el ciudadano ante la subdelegación del Gobierno de Lleida por incumplir la mencionada Ley de Seguridad Ciudadana”.

Entró como víctima, salió como sospechoso

El acusador-acusado es Gerard R.C que inicialmente había denunciando al agente de la Policía Nacional 1XXXX6 por un delito de lesiones y otro de daños. Según él, el policía le golpeó brutalmente durante la cargas del 1-O cuando Gerard R.C., junto con otros convecinos se congregó en el instituto de la Caparrella situado en la partida de Butsènit de Lleida “para impedir el acceso al mismo de los agentes policiales”.

El juez de instrucción número1 de Lleida autor de esta sentencia, a la que ha tenido acceso eltaquígrafo.com, explica que “en aquel momento se vivieron momentos de absoluta tensión donde varios ciudadanos, como bien relata el propio denunciante, se disponían a evitar la entrada del cuerpo policial al interior del instituto donde tenía que efectuarse la votación del 1-O, habiéndose ordenado por el TSJC, a raíz de la suspensión de dicho referéndum por el TC, la colaboración entre cuerpos policiales con el objetivo de impedir dicho referéndum”.

Para el juez, el policía denunciado “tenía el deber” de asegurar y facilitar la entrada de los efectivos policiales que “tenían que requisar las urnas”.

El policía actuó con proporción

Gerard R.C. fue apartado por la fuerza por efectivos antidisturbios del CNP. Pero, según relata el juez, regresó a la puerta del colegio lo que le valió “un golpe leve por detrás al denunciante con la defensa reglamentaria en la parte posterior de la rodilla, con lo que se le volvió a apartar de la vía”.

El juez califica la acción del policía de proporcionada y legal. Dice que “logró disuadir de ese modo al denunciante de volver al tumulto existente en la puerta de dicho instituto”. El magistrado añade…: “Queda así patente que el denunciado se encontraba en dicho momento actuando en el ejercicio de su deber y, por el contrario, queda acreditado que el denunciante intentaba impedir la entrada de los agentes en el interior¨.

El fiscal pide una investigación

A partir de este razonamiento, la Abogacía del Estado solicitó en el juicio “que se dedujera testimonio por denuncia falsa contra Gerad R.C.”. El juez no lo aceptó. Sí lo hizo, sin embargo, respecto a la petición formulada a continuación por la fiscalía: “Que se deduzca testimonio de las actuaciones a la subdelegación del gobierno en Lleida por si la actuación del denunciante fuere constitutiva de infracción conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana”. El juez, oído el alegato del fiscal concluye: “En este punto, cabe señalar que a la vista de las actuaciones, a lugar a lo interesado por el fiscal a los efectos oportunos”.

El artículo 36 de la mencionada ley castiga como falta grave y con hasta 6.000 euros de sanción a quienes “impidan a la autoridad o funcionario el cumplimiento de una orden judicial”.

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