El independentismo ampara la corrupción

Carlos Jiménez Villarejo
Carlos Jiménez Villarejo

Como ya es sabido, Oriol Pujol, uno de los miembros de la Familia Pujol-Ferrusola y exalto cargo de CiU y del Parlament de Catalunya, que cumplía una pena de prisión de un año y dieciocho meses, que extinguía en julio de 2021,ha sido ampliamente beneficiado por la Consejería de Justicia del Gobierno del “Vicario” Torra, y, prácticamente, ha salido en libertad tras cumplir solo cincuenta y siete días de la pena impuesta.

Los delitos cometidos, por los que fue condenado, eran los característicos de la corrupción, sobornos, tráfico de influencias y falsedad documental. Si ya resultó difícil que ingresara en prisión, ahí están los Servicios Penitenciarios para justificar que ante tales delitos, la familia a la que pertenece y su buena conducta durante esas semanas, pueda ser “premiado” con una libertad muy anticipada, sin perjuicio de que algunos días, por ahora, deba dormir en la prisión.

Ante este trato de favor, tan provechoso, para un delincuente convicto, que se benefició económicamente, aprovechándose de los cargos públicos e institucionales que ocupó, abusando de ellos y obrando arbitrariamente y con una manifiesta desviación del poder, afortunadamente, nuestras instituciones democráticas han reaccionado a través del Ministerio Fiscal, esa institución que tanto desprecia como teme aquel “Vicario”.

Y lo ha hecho, el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria, como es debido, impugnando ante el Juez competente la decisión de aquellos Servicios que, bajo la dependencia de la Consejera, han adoptado una resolución presuntamente ilícita e injusta.
Ciertamente, es una decisión legalmente “excepcional”. Pero la Fiscalía, en un duro y fundado alegato, analiza y desautoriza todas y cada una de las razones que fundamentan dicho trato de favor, que, en el fondo, representa una banalización de los delitos cometidos, pese a la gravedad indiscutible de los mismos.

Sobre todo, yendo a las razones invocadas por la Fiscalía, porque, estamos ante quien “actuó en su propio beneficio y no en interés del pueblo al que representaba” que delinquió durante dos a tres años,sin cesar voluntariamente en su actuación delictiva hasta que la trama fue descubierta. Y, desde este momento, se comprueba que su conducta es la propia de la “corrupción política, que….ha devenido en una importante lacra social y una de las principales preocupaciones de la sociedad….”,actividad que los políticos “solo buscan para lucrarse y obtener ganancias, utilizando….toda una red clientelar, así como las prerrogativas…” propias de sus cargos.

Y, desde este presupuesto, el Fiscal destaca, con evidente razón, dos datos. Que el penado es hijo del ex President de la Generalitat, por lo que devino en un referente social y político de la Comunidad y “en una especial facilidad para la comisión de hechos delictivos”. Pero hay más. El penado, además de sus padres y toda su familia,está también investigado por el Juzgado Central nº 5 por delitos de blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública en la causa 141/2012.

También se fundamenta el recurso en el estudio de los fines constitucionales de la pena de prisión, que no excluyen, además de la prevención general y especial, el fin retributivo, de prevención general, de prevención ante la sociedad, dirigida a la ciudadanía, para evitar que se delinca. Finalidad que tiene una especial relevancia en delitos, como los de corrupción, para evitar, como estaba ocurriendo en este caso, “una sensación de vaciamiento de la pena y de cierta impunidad”. Que, ante delincuentes como Oriol Pujol, tiene una especial relevancia porque las circunstancias de ser “un privilegiado social y económicamente” puede entenderse como causa justificativa de “prebendas” o de un “trato preferente”, como aquí, en efecto, estaba ocurriendo. Lo que podría ser causa de “una desigualdad insoportable e inconstitucional en el propio sistema, que daría patente de corso a este tipo de delincuencia”.

En definitiva, el penado Oriol Pujol, siguiendo el criterio de la Fiscalía, debe cesar en el privilegiado régimen que se le ha otorgado para que la moderada pena que se le impuso se cumpla efectivamente, con las ventajas legales que le correspondan. No vaya a ser que se “transmita a la sociedad la idea de que la actividad delictiva sale a cuenta”, sobre todo a los delincuentes poderosos y corruptos..

Y, a propósito de este penado “privilegiado”, las decisiones adoptadas por la Consejería y, en definitiva, por el Govern merecen una justificada reflexión. La decisión ahora adoptada, ¿no puede ser un preocupante precedente de las que, en su día, se adopten respecto de los acusados que resulten condenados, cualquiera que sea la duración de la pena, en el juicio oral que actualmente está celebrándose ante el TS?.

”Luchar contra la corrupción y el fraude es una de las prioridades absolutas a nivel nacional y europeo,por cuanto la corrupción es una lacra de la sociedad y supone un ataque a la estructura democrática de cualquier estado. De tal modo, que, precisamente en casos como el que ahora nos ocupa, es cuando más necesaria es la ejecución de la pena de prisión a fin de defender el orden jurídico”.

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