El Gobierno aprueba in extremis un decreto para intervenir redes y servicios de telecomunicaciones

El nuevo decreto-ley del gobierno en funciones amplía su poder sobre Internet, pudiendo intervenir redes y servicios de comunicaciones electrónicas sin previa audiencia

El Gobierno aprueba in extremis un decreto para intervenir redes y servicios de telecomunicaciones
El gobierno en funciones de Pedro Sánchez aprueba un controvertido decreto

Esta semana entró en vigor el Real Decreto Ley aprobado in extremis por el gobierno en funciones de Pedro Sánchez que da legitimidad al Gobierno, a través del Ministerio de Economía, para intervenir y asumir la “gestión directa” de redes y servicios de comunicaciones electrónicas “en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.

Así lo establece dicho decreto, aprobado el viernes de la semana pasada durante el último consejo de ministros de Pedro Sánchez y entró en vigor – y así será hasta su convalidación en el Congreso de los Diputadas – el martes de esta semana.

Esta medida aprobada en medio de la campaña electoral para las elecciones del 10-N, busca, según se desprende de su descripción, evitar el robo de datos personales, el hackeo de dispositivos móviles, los ciberataques contra infraestructuras críticas o el uso indebido del censo o los datos fiscales de los ciudadanos. También pretende defenderse más eficazmente frente a ataques informáticos contra los procesos electorales o las actividades de desinformación, como las denominadas fakenews (noticias falsas).

En este sentido, Narciso Ortega, exjefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Catalunya y experto en ciberseguridad, considera que, aunque la sociedad y algunos medios la han comparado con la pasada Ley Corcuera y en el posible control que podrá ejercer el Gobierno, “existe una preocupación en cuanto al desarrollo de la tecnología digital y a estar constantemente expuestos a nuevas amenazas, a través de cualquier tipo de hackeo. Por eso como Estado se intenta proteger la ciberestructura pública de cualquier tipo de ciberataque o ciberamenaza”.

Ortega añade que “la bondad o maldad de dicho decreto, o más bien la eficacia, solo se podrá comprobar a largo plazo”. Recuerda, además, que recientemente grandes empresas como lo comunicó la Cadena Ser, han sido víctimas de ciberataques, concretamente el conocido como “WannaCry”, que destruye y robo todo dato de la empresa en cuestión, a veces a cambio de dinero. “Como si se tratara de un secuestro”.

¿Intervenir sin aviso previo?

La normativa contempla que el Ministerio de Economía pueda ordenar «sin audiencia previa» al interesado el cese de la actividad de las redes de comunicación «cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional». También cuando esta actividad perturbe el funcionamiento de servicios de seguridad pública, protección civil y emergencias, o cuando «cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones».

En este sentido, el abogado especialista en derecho en Internet, Carlos Sánchez Almeida, puntualiza a este medio que “este decreto ley tiene el control de la red y no del contenido de esta red”. Por lo que sí que permite que “en momento de excepcionalidad se pueda avisar sin previa audiencia a las empresas de telecomunicaciones para que dejen sin señal de telefonía móvil a una cierta zona demográfica, pero en ningún caso y si lo hicieran sería un delito, el Gobierno no puede secuestrar páginas web por su contenido, para ello sigue siendo necesaria la autorización de un juez”.

De hecho, Sánchez Almeida se compromete a querellarse con quien sea si el Gobierno o alguno de sus funcionarios cierra una página web sin previa audiencia solo por el contenido.

Así pues, fuentes expertas aseguran que este decreto no amparará actuaciones que afecten a los derechos fundamentales, como la libre expresión o el secreto de las comunicaciones, materias de ley orgánica. Así, para seguir clausurando webs como la de Tsunami Democràtic seguirá siendo necesaria la intervención de un juez. “Esto no afecta a derechos de los ciudadanos; los protege”, señala una fuente de La Moncloa.

La norma, señalan las mismas fuentes, tampoco permite el cierre gubernativo de servicios como Facebook o Telegram, que, en este caso, operan “por encima de las redes” y no se pueden intervenir por la normativa europea.

Inconstitucional por su aprobación

Lo que preocupa a expertos, como al abogado Carlos Sánchez Almeida, es la inconstitucionalidad en las formas como se ha aprobado este real decreto. Según el letrado, este decreto “seria inconstitucional porque no reúne las características de la Constitución, en su artículo 86, de extraordinaria y urgente necesidad para aprobar esta medida”. Es decir, en medio de una campaña electoral y con un gobierno en funciones, el Consejo de Ministros no debería haber aprobado esta ley, pues no supone una emergencia extrema.

Tanto Almeida como otros expertos tienen la voluntad y así lo recomiendan que los distintos parlamentarios no convaliden cuando toque este decreto y, en contra, se proponga como un proyecto de ley orgánica para tratar con más calma. Según el abogado “se ha aprobado en medio de una campaña electoral con finalidades propagandísticas”.

Relación con la cuestión catalana

El texto, que modifica cinco leyes, entre ellas la de telecomunicaciones o la de seguridad ciudadana, no hace referencia expresa a Catalunya, aunque en su exposición de motivos habla de “los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español”.

La Generalitat ha calificado este decreto de “155 digital”, en referencia al artículo de la Constitución que permite al Gobierno intervenir una comunidad autónoma.

Y es que, además de esta preocupación por proteger nuestros datos de posibles ataques, no se ha ocultado la voluntad del Gobierno de sofocar con este decreto el proyecto de república digital catalana en la que trabajan la Generalitat y las fuerzas independentistas, y que busca crear un Estado paralelo en Internet. No va a haber independencia off line ni on line, el Estado va a ser igual de contundente en el mundo digital que lo es en el mundo real”, sostuvo el presidente en funciones, Pedro Sánchez, el viernes.

Sánchez Almeida cree firmemente que “se trata de una guerra electoral. Al Gobierno ya le interesa hacer ver que tiene el “poder” y a la Generalitat ya le gusta parecer la víctima”, asegura el abogado.

Además, una de las medidas más llamativas consiste en convertir el documento nacional de identidad (DNI) en “el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular”. De este modo se busca evitar que las autoridades catalanas puedan expedir algún tipo de cédula que permita identificar a los ciudadanos de esa comunidad.

Servidores dentro de la UE

En este sentido, la nueva norma trata de cegar las vías para que el independentismo aproveche el avanzado proceso de transformación digital de la Administración para fines contrarios al orden constitucional y por ello prohíbe de manera tácita “operar en España con servidores que se encuentran fuera de la Unión Europea” como se prevé que se está haciendo desde la Generalitat.

Y es que, el decreto incluye medidas urgentes para impedir, o al menos dificultar seriamente, el uso de datos personales con fines ilegítimos. Y para ello refuerza el control del Gobierno central tanto sobre las acciones de otras Administraciones públicas como del sector privado, forzando a las empresas que quieran contratar con el Estado a someterse expresamente a la normativa española y europea de protección de datos, lo que obliga a las compañías a hacer constar en qué país están los servidores donde se alojarán los datos y a comunicar cualquier cambio. No hacerlo implicaría la nulidad del contrato público.

Aun así, esta prohibición de tener servidores electrónicos alojados fuera de la Unión Europea, parece tener la vista puesta en casos como el censo del 1-O. De esta manera, el veto se limita al almacenaje de datos personales de la administración. El objetivo es impedir el uso de datos fiscales o del censo para otras finalidades. Estos datos no podrán ser transferidos a un tercer país u organización internacional excepto en el caso de una decisión de la Comisión Europea o fruto de las obligaciones internacionales asumidas por España.

Así, vemos como datos sensibles como los de salud, censales y de padrón no podrán estar en servidores externos a la Unión Europea.

En relación con datos tan sensibles como los que tienen a ver con la salud, Lorena Jane, cofundadora de DICUS – una aplicación que facilita la comunicación entre médicos y que garantiza la protección y privacidad de los datos de los pacientes – cree que el Estado debería apoyar un salto cualitativo en relación con la evolución digital de protección de datos en los hospitales y “dotar a los médicos y centros hospitalarios de unas herramientas seguras para evitar la filtración de datos que pueden comportar consecuencias como la de no poder ser asegurados en el futuro”.

¿Por qué nuestros datos están expuestos?

En este sentido, Narciso Ortega, experto en ciberseguridad, recomienda a los usuarios tomar consciencia de que nuestros smartphones son super ordenadores con capacidad de hacer miles de operaciones.

En éstas siempre piden una serie de datos, asegura el experto, que los usuarios facilitamos sin leer dando al botón de “siguiente, siguiente, siguiente”. Dando como resultado que sea “el usuario el primero que está facilitando sus datos y aceptando las condiciones sin tener conocimiento de que lo está haciendo”.

Añade que “todo lo que tiene que ver con seguridad y ciberseguridad es caro, y hoy en día que nos estamos moviendo en lo que se conoce como el ‘Internet de las cosas’ hace que existan una serie de controles que pueden llegar a saber, predecir o adivinar prácticamente todo de cada uno y las medidas de control serían muy caras y dificultarían el uso”.

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