El delito de enriquecimiento injustificado, una urgencia contra la corrupción

Todas la asociaciones judiciales y fiscales y renombrados juristas reclaman la implementación del delito que castigue el enriquecimiento injustificado de funcionario público como herramienta coercitiva contra los corruptos

Lo encontramos en la mayoría de los códigos penales de los países de nuestro entorno. Pero en España, no.

El delito de enriquecimiento injustificado (o aumento injustificado de patrimonio) para el representante político o el funcionario público se impone como una absoluta necesidad para cercar conductas corruptas de aquellas personas que tienen acceso a las arcas públicas.

El caso hoy por hoy más recurrente en el que se evidencia hasta que punto ésta sería una herramienta efectiva para uso de jueces y fiscales lo encontramos en el caso de Diputación de Lleida.

Recientemente, los mossos han detenido a unas 20 de personas (entre ellas el que fue presidente de la Diputación y ex líder del PdeCat en Lleida, Joan Reñé) como miembros de una trama de otorgación irregular de contratos públicos a constructoras que habrían pagado a cambio mordidas en metálico.

Informes patrimoniales

Los informes patrimoniales de los principales sospechosos son lapidarios: en el caso de Reñé, el ex presidente de la Diputación durante sólo los 3 años de mandato estudiados por los analistas económicos de los mossos, se observan unos ingresos no justificados y ajenos a su salario, de 143.891,60 euros, la inmensa mayoría dinero en efectivo.

La número dos de Reñé y mujer de su total confianza, Marlen Minguell, siempre según los estudios patrimoniales de los mossos, presenta diversas cuentas bancarias a nombre de miembros de su familia que habrían servido de puente para el cobro de diversas partidas, todas (incluidas dos transferencias bancarias) de imposible justificación en origen, según la policía.

Dinero sospechoso

Ni Reñé y Miguell, deberán de responder por estos ingresos porque, en sí mismos, este enriquecimiento injustificado no está contemplado como delito. Sin embargo los mossos lo detallan en sus atestados porque, en su opinión, “se ha pretendido dar apariencia de legalidad a un dinero que podría tener su origen en actividades delictivas”.

Los mossos hablan de más de 58.000 euros ingresados por Marlen Minguell y que no han podido ser justificados.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here