“El coito comprado no está sujeto a IVA” establece la Fiscalía

Carlos García Berro, fiscal de la Audiencia Nacional en el caso Pompeia, se enfrenta al juez instructor por la consideración del magistrado de “trabajadoras a efectos tributarios” de las mujeres prostituidas.

“El coito comprado no está sujeto a IVA” establece la Fiscalía
El caso Pompeia se dirime en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional

El fiscal encargado de la acusación en la macro causa del Caso Pompeia, Carlos García Berro, se ha enfrentado abiertamente al juez instructor del caso, en el que están acusados hasta 32 dueños de macro burdeles, por entender la fiscalía que reconocer que la prostitución genera impuestos como el IVA, sería “dar carta de naturaleza laboral a la prostitución, algo descartado por diversas instancias internacionales y la propia sala de lo social del Tribunal Supremo”.

La reclamación de impuesto que esconde la violación de la dignidad humana

El juez instructor de este caso, José Luis Calama, consideraba en su auto de procesamiento contra los 32 investigados por cometer un total de 119 delitos fiscales y un fraude total de 111,6 millones de euros entre el Impuesto de Sociedades que no pagaron sus empresas, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que no pagaron los imputados y, finalmente, el IVA.

El Fiscal recurrió dicho auto considerando que la acción penal no debía incluir el reclamo de dicho impuesto, recurso que el juez rechazó argumentando que las mujeres prostituidas debían ser consideradas “trabajadoras a efectos tributarios”.

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En el recurso presentado de nuevo por la Fiscalía, el ministerio público se muestra radicalmente en contra de dicha consideración y argumenta que ni el proxeneta es un empresario, ni la mujer prostituida es una trabajadora ni la prostitución es una prestación de servicios pactada libremente entre adultos”.

La doctrina del Supremos establece la imposibilidad de la existencia del llamado “trabajo sexual”

Añade el fiscal que la consideración del juez menoscaba la dignidad de todas las mujeres y señala que la Sala Social del Tribunal Supremo ya se pronunció claramente en contra de la existencia del llamado “trabajo sexual”, ya que atenta contra la libertad sexual directamente, en la sentencia sobre la legalización del sindicato de la prostitución el pasado año, que sólo prosperó precisamente porque dicha organización renunció al concepto “trabajo sexual” en sus estatutos.

Cambio de criterio del instructor que blanquea el proxenetismo

El fiscal afea al juez instructor en este nuevo escrito su cambio de criterio referente a la situación de las mujeres prostituidas considerándolas, ahora y a efectos fiscales, trabajadoras. Según García Berro, el cambio de criterio del instructor, reitera, constituye “un blanqueamiento del proxenetismo” porque “la prostitución no puede constituir la base de una relación laboral. En sentido contrario, dice, eso implicaría que se considerara al proxeneta como un empresario.

Una investigación centrada en el fraude fiscal y no en la explotación sexual

El caso Pompeia, aunque salpica a decenas de presuntos proxenetas y dueños de macro burdeles, , e incluso a personajes famosos del mundo del deporte, nunca centró su investigación en la situación de las mujeres prostituidas en esos locales, sino que pivotó sobre los posibles delitos fiscales.

De este extremo también se queja el fiscal que argumenta que “la investigación estuvo más centrada en el análisis de los beneficios de la explotación sexual que en la explotación sexual en sí misma” y eso ha impedido determinar si las mujeres estaban siendo coaccionadas de alguna manera que pudiera probarse ante un tribunal”, tal y como adelantaba el diario.es.

A la espera del inicio del juicio oral

El asunto está ahora en manos de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional después de que la Fiscalía haya impugnado varios aspectos del auto de procedimiento abreviado y haya pedido, entre otras cosas, que varios dueños de prostíbulos sean perseguidos por no pagar el Impuesto de Sociedades.

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