Coronavirus: mano dura de la Fiscalía contra los gestores de las residencias

Familiares de decenas ancianos fallecidos en las residencias durante la pandemia de la COVID-19 denuncian ante la Fiscalía de Barcelona algunos centros en los que creen que no se atendió a sus seres queridos de una forma adecuada, provocando, como principal consecuencia, la muerte de los que enfermaban.

Coronavirus: mano dura de la Fiscalía contra los gestores de las residencias
Un anciano en una residencia | APSF

La que debería de haber sido una gestión impoluta sobre el control de la propagación del coronavirus en las residencias de ancianos ha sido —y el número de fallecidos lo pone de manifiesto—, cuanto menos, cuestionable. Miles de ancianos, ascendiendo a cifras realmente preocupantes, han fallecido en las residencias donde, en principio, deberían de haber sido debidamente cuidados y atendidos. Es por ello, por lo que ahora, familiares de los ancianos que residían en varios de estos geriátricos de la ciudad de Barcelona, han presentado una denuncia ante la Fiscalía provincial para que se «averigüe y compruebe» quienes han sido los autores y cooperadores de estos hechos. Muertes que, a su parecer, son fruto de delitos como el «homicidio por imprudencia profesional, la omisión del deber de socorro y la denegación de auxilio». 

En la denuncia interpuesta por los familiares, a la que ha tenido acceso eltaquigrafo.com y en la que se solicita investigar a más de una decena de residencias de la ciudad de Barcelona, se acusa a los geriátricos, y por supuesto a la administración de la que dependen, de no haber cumplido ni con las medidas de prevención básicas ni con los protocolos de actuación fijados por el Gobierno central en casos positivos. Incumplimientos a los que los familiares añaden la falta de profesionales cualificados y sanitarios «en ocasiones porque ya existía una carencia previa por incumplimiento de las ratios establecidas, lo que se vio agravado por un elevado número de bajas médicas como consecuencia de la propia pandemia», según se explica en el documento. 

Medidas de prevención

Los familiares lamentan, en su denuncia, que la preocupación pública que decían tener desde la Generalitat por los ancianos residentes en los geriátricos no se haya traducido en medidas reales y efectivas. En primer lugar, consideran que prohibir la entrada de los familiares fue una medida insuficiente, sobre todo, porque se mantenían abiertos los centros de día, ubicados en los mismos edificios. «Mantenerlos abiertos suponía una entrada diaria de una media de 30 personas, algunas acudían acompañados por sus familiares, que durante el resto de día habían estado en contacto con otras personas. Por lo que no tenía sentido cerrar la entrada a los familiares de los residentes si se permitía que diariamente hubiera ese trasiego de personas en la residencia», señalan. 

Por otro lado, exigieron —incluso mediante correos electrónicos directamente a la Generalitat— que se dotará de más EPI (guantes, geles y mascarillas) a los trabajadores, «ya que se era consciente de que el virus entraría en las residencias a través de los trabajadores». Y pidieron que se hicieran test tanto a trabajadores como a ancianos «para actuar con la mayor celeridad y evitar más contagios».

Sin embargo, «ninguna respuesta se obtuvo ni se adoptaron las medidas solicitadas», explican en su denuncia. Ni EPI ni test para frenar la propagación del contagio. Todo ello detonó, según denuncian los familiares, en «un elevadísimo número de personal de las residencias que causó baja, lo que las dejó sin los profesionales necesarios para atender a los ancianos. Y, dado que no se hacían test, los contagios entre residentes fueron creciendo de forma exponencial. Por tanto, aislar a los residentes cuando ya mostraban síntomas no resultó efectivo para frenar la expansión del virus, ya que no se les hicieron test ni a ellos ni tampoco a sus contactos más directos, trabajadores y otros ancianos. Además, el hecho de que en su mayoría las habitaciones sean dobles, dificultó efectuar el aislamiento en las propias instalaciones». 

Sin personal y sin protocolos  

Esta situación dejó a las residencias con una plantilla aún más reducida y en una situación aún más vulnerable para los ancianos que en ellas residían. «No ha habido personal suficiente para atender adecuadamente a los residentes», sentencian. En ocasiones, como ya se apuntaba, esta carencia ya venía de antes de la pandemia. 

Lo que quieren averiguar, con esta denuncia, es por qué las residencias no estaban dotadas del personal necesario y si eso tuvo algo que ver con el hecho de que, durante semanas, los ancianos que enfermaban, con o sin síntomas de COVID-19, no fueron derivados a los hospitales. «Se ignora si porque desde las residencias no se solicitó o bien porque les fue denegado y por quién», detallan los familiares. Para ellos, «no aceptarlos en los hospitales suponía directamente una condena de muerte porque, como decíamos con anterioridad, en las residencias no ha habido ni el personal sanitario cualificado (médicos y enfermería) en el seguimiento de los problemas de salud las 24 horas del día ni los recursos ni el material sanitario propios». 

«No sabemos por qué motivos estos ciudadanos no han tenido el mismo acceso a los diferentes niveles asistenciales sanitarios que el resto de los ciudadanos; lo que sí sabemos es que no se les derivó a los centros hospitalarios ni se les pudo atender en las propias residencias, por lo que se les dejó morir en condiciones absolutamente indignas». 

Homicidio por imprudencia profesional 

Es por todo ello —por la falta de EPI, de test, pero, en especial, por la posible mala gestión a la hora de trasladar y tratar a los ancianos que enfermaban—, que los familiares que han interpuesto la denuncia ante la Fiscalía consideran que se ha cometido, de forma generalizada, un homicidio por imprudencia profesional, otro por omisión del deber de socorro —ya sea cometido por particular como por profesional sanitario— y otro más por denegación del auxilio —con la salvedad de que éste solo puede ser cometido por funcionarios públicos —. 

Piden a la Fiscalía que, con la investigación y diligencias pertinentes, se acredite si los médicos y demás profesionales sanitarios que atendieron a los pacientes emplearon todos los medios a su alcance para evitar los fallecimientos. «Y, paralelamente, saber si, con la urgencia exigible, reclamaron a la Dirección de los Centros los medios indispensables para que, mediante su aplicación, evitar las muertes. Así como saber si ante la falta de equipamiento médico de los centros, tanto para efectuar un diagnóstico como para ofrecer una atención sanitaria adecuada, se solicitó el traslado de los residentes a los hospitales y, en caso de ser denegado, quién lo hizo”.

3 Comentarios

  1. La mano dura es un Tongo como un castillo para apaciguar los ánimos, homicidio por imprudencia y omisión del deber de Socorro, son penas irrisorias,que por no tener antecedentes penales, posiblemente no entren en prisión.y los inabiliten como al delincuente del Exjuez Garzón, ¿a quien,a Pedro y Simon? Al hijo del Terror.
    ¿A no ser que Pedro Sánchez ,Simon y el hijo del Terror, sean los cabecillas de organización Criminal de omision, prevaricación, destrucción de informes, ocultación,etc,etc. Y compadreo con narcodictaduras.
    Una vergüenza la mano que mece la cuna.
    El paripé manda.

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