Colisión de derechos en Cataluña

Ricardo Gómez de Olarte

Ha llegado a mis manos un meme, una estampita electrónica de esas que se difunden por WhatsApp. Consiste en uno de los mantras victimistas del movimiento independentista. Aparece la inevitable estelada ondeando de izquierda a derecha y con el siguiente texto: «”Lamento” que mi protesta colapse tu tránsito, pero tu indiferencia colapsa mi país” Y un puñito amarillo a modo de firmita reinvidicativa.

Parte de razón lleva, ya que efectivamente colapsan mi tránsito. Pero eso es la única verdad dela jaculatoria. Ellos no lamentan nada, ya que si de verdad lo sintieran, no lo harían. Y segunda mentira, que en este caso es doble: no es su país.

Es su comunidad autónoma o su región. Pero también es la mía. Bajo ninguna de las maneras los independentistas pueden arrogarse el derecho a ser los únicos ciudadanos de Cataluña. El segregacionismo empieza en estos detalles y luego continúa por señalar periodistas. Dentro de poco, algunos de nosotros, los más significados, acabaremos llevando una estrella de David, pintada con los colores de la bandera de España y viviendo en guetos en Cataluña.

En estas última elecciones de noviembre de 2019, los partidos constitucionalistas (PSC, PP, Cs, Comunes y VOX) han conseguido superar en casi medio millón de votos a las opciones separatistas (ERC, JxCAT y CUP). Aun suponiendo que Comunes no fueran constitucionalistas, no olvidemos que hasta Pablo Iglesias acaba de renunciar al derecho de referéndum catalán, ergo las cifras son ciertas. El primer bloque volvió a superar el millón de votos y obtuvo un total de 2.083.016. Por su parte, los indepes se quedaron en 1.642.063 votos. Eso supone una diferencia de 440.953 a favor de los primeros. Solo cabe una conclusión: Cataluña no es, ni de lejos, independentista. Ni siquiera tiene una escasita mayoría. Los indepes son minoría.

Cataluña es mayoritaria y abrumadoramente constitucionalista. Por tanto y dado que estamos en una democracia, el país catalán no es más que la comunidad autónoma catalana y sigue siendo territorio español. Ello es así, usando la terminología maniquea indepe, porque el constitucionalismo ha conferido el mandato a los políticos para defender la constitución española. Y eso sí es un dato objetivo e indiscutible. Lo demás, nostalgia de un tiempo que jamás existió. Pero nostalgia peligrosa.

Sin embargo, estos cachorros de esa parte de la caduca, vieja, ajada, gastada y de reprochable calidad moral (rónica, en catalán) burguesía catalana que enarbolan lo que ellos llaman barbarie o como lo llamamos los mortales, “joder al prójimo sin motivo ni ganancia” no se acaban de dar cuenta de que no es su país, de que no son mayoría y de que no son más que “yayo flautas” y sus nietos luchando por una causa ya perdida. O pijas reteñidas de Tres Torres alentando a sus hijos.

Según la Asociación del Transporte Internacional de Carretera (Astic), las pérdidas directas de su vandalismo ascienden a 100 millones de euros (55 euros por hora/camión). Y estas cifras no contemplan las mercancías malogradas, las cláusulas de penalización por los contratos incumplidos, y el “efecto multiplicador» en el resto de sectores productivos.

Así pues, nos encontramos ante lo que en jurídicamente se llama una “colisión de derechos”. Y en este caso de máxima, ya que se enfrentan el derecho de manifestación frente a los derechos de libre circulación y de libre empresa. El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la libre circulación al proclamar que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) recoge que este derecho “no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto” (art. 12.3). A su vez, el art. 19 de nuestra Constitución reconoce a los españoles la libertad tanto para circular libremente por el territorio nacional como para fijar el lugar de residencia.

Ello significa la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, de una Comunidad Autónoma a otra o de fijar la residencia en una u otra con independencia del origen, sin ningún tipo de trabas, la libertad alcanza pues todo el territorio nacional. Esta libertad se vincula con lo establecido en el artículo 139.2 de la Constitución que señala la imposibilidad de poner obstáculos a la libre circulación, lo que no obsta para que cada Comunidad Autónoma pueda establecer sus propios derechos y deberes en el marco de sus competencias siempre que no impidan o dificulten la libertad de circulación o residencia en cualquier parte del territorio.

El derecho a la manifestación, sin embargo, está más restringido. El art. 21 de la Constitución establece que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas y que el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Termina diciendo que en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes

¿Los recientes cortes de carretera y de calles en Cataluña son pacíficos? No. Se incendian contenedores (3.000 € cada uno), el plástico deteriora gravemente la calzada de las calles con lo que se debe reponer el asfalto. ¿Impiden el tránsito público sin comunicación previa a la autoridad? Todo parece indicar que sí. ¿Alteran el orden público? Evidentemente sí. ¿Ponen en peligro bienes? También.

Así pues, ¿cómo se resuelve esa colisión de derechos del mismo rango constitucional? Midiendo el perjuicio de cada derecho. La libertad de manifestación está perjudicando al orden público; a la economía española y no sólo a la catalana; a la libertad de tránsito y circulación de personas sin obtener nada a cambio. Por tanto, esas manifestaciones deben tener lugar en un sitio que no afecten ni al orden público, ni a libertad de circulación, ni a la economía. Por ejemplo, ante la Moncloa o el Tribunal Supremo, a ver si estos memos tienen lo que hay tener.

¿Culpables los Mossos? No. Los culpables son quienes dan instrucciones a los Mossos para que no actúen, para que no tomen la filiación a todos y cada uno de los que provocan este caos y puedan ser juzgados por un delito de desórdenes públicos o de daños en mobiliario urbano.

Para los que desconozcan el delito de desórdenes públicos:

  1. Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo, serán castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión.Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo.
  2. Con las mismas penas se castigará a quienes actuaren sobre el grupo o sus individuos incitándoles a realizar las acciones descritas en el apartado anterior o reforzando su disposición a llevarlas a cabo.

Los mandos de los Mossos pueden estar cometiendo una grave prevaricación por omisión, ya que están permitiendo la comisión de ese delito –continuado- de desórdenes públicos. Pero la Fiscalía también porque no está impulsando a la judicatura a tomar las medidas necesarias para aplicar la ley.

Todo el mundo está haciendo de Don Tancredo: no moverse para no quedar retratado por las mentiras falsamente buenistas del independentismo. Y mientras tanto, la inversión extranjera ya no quiere venir. Mientras tanto, la mercancía nacional, empezando por la catalana, se pudre en los camiones detenidos.

Mientras tanto el 47% del pescado que debería llegar a Mercabarna se pudre en camiones (según teleColau o BTV). Mientras tanto, el caos se va adueñando de Cataluña con el amparo de la propia Generalitat y la inacción del gobierno central, de la Fiscalía, de la judicatura… Y ahora que Sánchez necesita los votos de ERC y/o de JxCat, aún será peor.

Pues no veo ninguna diferencia entre el mentiroso Sánchez y el ausente Rajoy. Señor, Majestad, Felipe VI, tan preparado ciudadano Borbón y Grecia, vaya Vd. a un sitio un poco más p’allá, a decir-en algún sitio donde le quede credibilidad- que en Cataluña no estamos solos.

Aquí ya ha perdido esa credulidad entre los pocos que confiaban en Vd. Si no diera pena, daría risa. Como Sánchez, como Iglesias, como Rajoy, como Rufián…

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