Colau promueve “okupaciones” contra edificios de fondos de inversiones

La empresa ‘Desokupa’ acusa al Ayuntamiento de Barcelona de haber promovido la ocupación de un edificio de titularidad privada, creyendo que se trataba de un edificio propiedad de un fondo de inversión con el que mantiene diversos contenciosos

Colau promueve “okupaciones” contra edificios de fondos de inversiones
imagen del edificio okupado en la calle Gayarre 42

Desokupa’, una empresa especializada en desocupar pisos, cuyos inquilinos no cuentan con un contrato formal de alquiler, acusa al consistorio barcelonés y, en concreto a Ada Colau y Gala Pin, de favorecer las ocupaciones de inmuebles propiedad del fondo inmobiliario MK Premium, con quien el ayuntamiento mantiene varios contenciosos abiertos.

Daniel Esteve, propietario de esta empresa de desocupación, ha lanzado un vídeo en sus redes sociales en el que explica como el ‘Grup d’Habitatge de Sants’, apoyado por el consistorio, facilitó la ocupación de un inmueble de la calle Gayarre, nº 42.

Según Esteve, el ayuntamiento impulsó dicha ocupación creyendo que se trataba de un edificio titular del mencionado fondo, con el que Ada Colau mantiene cierta disputa. Contrariamente, el bloque okupado pertenece a una pequeña empresa familiar del barrio de Sants que pretendía rehabilitar el edificio.

Desesperación del propietario

Antonio Fernández Bardón es el propietario del inmueble ocupado. Su empresa compró dicho edificio al fondo de inversión MK Premium y cree que “ese ha sido el principal error y el origen de toda la confusión”. Su deseo era rehabilitar el bloque, un edificio de los años 90 con problemas de humedades e infraestructura y se ha encontrado con un problema que ni se imaginaba.

Bardón ha asegurado en una entrevista exclusiva con eltaquigrafo.com, que las obras de rehabilitación del edificio ya habían empezado cuando el bloque fue ocupado. Su voluntad es llegar a una solución dialogada y positiva para todas las partes. Es por eso, por lo que se puso en contacto con el concejal de vivienda del distrito de Sants, quien le ha estado aconsejando en las negociaciones con los inquilinos.

Dos meses de negociaciones

El seno de las negociaciones se ha centrado en la oferta que les hizo el propietario para intentar satisfacer todas las partes: se les ofreció 3 pisos de 100m2, cuatro habitaciones y dos baños durante 6 meses, todo pagado en otros edificios cercanos del mismo barrio. La única condición que puso el propietario fue no poner su nombre en los nuevos contratos de alquiler y pagar directamente a los beneficiarios.

El problema que consideró el ‘Grup d’Habitatge de Sants’ fue que, en cada piso, tendrían que vivir dos familias y, aunque cada una tendría habitaciones suficientes para todos los miembros de sus familias, el grupo consideró que era una “oferta indigna”. Además, exigían que el propietario firmara todos los contratos a su nombre.

La negociación duró más de dos meses, durante los cuales el propietario se sintió “extorsionado” por sus interlocutores. “A pesar de que quienes cometieron un delito flagrante fueron quienes ocuparon ilegalmente el edificio, me puse en contacto con ellos y me ofrecí a buscar una solución. Pero me engañaron. No quieren negociar, solo ganar tiempo”, concluye.

Es por eso, por lo que los propietarios han reactivado el proceso judicial y ha contratado los servicios de los boxeadores de Esteve. Aun así, Fernández Bardón sigue queriendo dialogar con los inquilinos y llegar a una solución positiva para todos, por ello está estudiando junto con una mediadora especializada en vivienda, mantener la misma oferta y ofrecérsela directamente a los vecinos.

Versiones contradictorias

Los ocupas reconocieron haber entrado en el edificio creyendo que era propiedad de MK Premium, ahora, aún conociendo la titularidad real, se niegan a abandonarlo y aseguran que van a luchar por mantener una vivienda digna.

Con todo hay ciertos detalles contradictorios en la versión de unos y otros. Sobre todo, en relación con los anteriores inquilinos: mientras que el grupo propietario asegura que llegaron a acuerdos satisfactorios con todos los arrendatarios, el ‘Grup d’Habitatge’ cree que fueron echados de mala manera. Antonio, contrario a esa opinión ha asegurado que “el edificio no estaba ni está en condiciones de ser habitado, por eso propusimos la rehabilitación y acordamos una salida amistosa con los antiguos inquilinos”.

Desesperación de los inquilinos

Por otro lado, el pasado 24 de febrero, los vecinos de Sants lideraron una vez más una protesta ciudadana contra “los pisos colmena” la última “oportunidad de negocio” que pretendía sacar tajada de la presión alcista del mercado inmobiliario del alquiler en la capital catalana y su área metropolitana.

La manifestación contra la construcción de estas infraviviendas, un proyecto que el Ayuntamiento paralizó en septiembre, concluyó con la toma de un edificio que las asociaciones convocantes de la marcha asociaban erróneamente con MK Premium.

Esta empresa está en la lista negra de las entidades sociales por supuestas prácticas “especulativas”, y fue acusada por el propio Consistorio barcelonés, a través de la concejala de Ciutat Vella Gala Pin, de ejercer “coacciones y acoso inmobiliario” a los vecinos de la ciudad, lo que motivó una denuncia por injurias y calumnias.

Los manifestantes asaltaron el edificio, que estaba desocupado y en obras desde el mes anterior. Reventaron cerraduras y alarmas. Para cuando llegaron los Mossos d’Esquadra ya se habían instalado, en medio de un ambiente festivo, en la planta baja del bloque. Había familias y menores, así que las autoridades no intervinieron. El ‘Grup d’Habitatge de Sants’ difundió la acción a través de las redes sociales, celebrando el golpe contra la empresa especuladora. La sorpresa desagradable llegó cuando MK Premium respondió a los vídeos de la ocupación asegurando que el edificio no era de su propiedad.

Pese a constatar su error, los ocupantes del edificio no lo han abandonado desde entonces. Aducen que cuando hay un bloque vacío en el barrio, tienen “la necesidad de ocuparlo” -según Llum Oliver, portavoz del colectivo responsable de la ocupación- para dar respuesta a las 450 familias que están en la lista de espera de la Mesa de Emergencia habitacional, ya que los servicios sociales municipales no dan abasto para atender a todos los que no tienen acceso a una vivienda en la ciudad.

Y, ¿el ayuntamiento?

Por su lado, el consistorio no ha querido ofrecer declaraciones al respecto tras ser preguntado por ello por este medio. En este sentido, el propietario lamenta que “es responsabilidad de la Administración ofrecerles soluciones. Yo no aguanto más, ni personal ni financieramente. Esta situación me supera”.

1 Comentario

  1. Realmente me parece increíble la impunidad con la que actúan estos grupos , te ocupan el piso y encima tienes que pagarles para que se vayan? Colau te queremos fuera de Barcelona!!!

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