Caso Macedonia: Desmedido escrito de la acusación

El Ministerio fiscal hace “brocha gorda”, es inconcreto en sus acusaciones, pero pide penas que oscilan entre los 2 y los 11 años de cárcel para los 16 imputados por el supuesto caso de corrupción policial investigado durante 11 años

Caso Macedonia: Desmedido escrito de la acusación
el juez Joaquin Aguirre, instructor del "Caso Macedonia"

Banda organizada. Clan criminal. Red de narcotráfico tanto de cocaína como de heroína y de hachís. La fiscal Ana Gil, (que ha heredado el caso del fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled), no escatima en adjetivos e incriminaciones pero no concreta ni cómo, ni dónde ni cuándo.

El “caso Macedonia”, tras 11 años de instrucción y constantes archivos de imputaciones para decenas de investigados, ha acabado con la presencia de 16 personas en el banquillo de los acusados. Se les vincula con una red de corrupción policial con dinero procedente del narco.

Curiosamente sólo un policía, “sobornado con una caja de donuts” es el único miembro de los cuerpos de seguridad que se sentará en el banquillo de los acusados.

Poca concreción

El resto son presuntos narcotraficantes liderados, según la acusación, por Manuel G.C, conocido colaborador de la fiscalía y de las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el tráfico de drogas.

Para G.C se pide 11 años de cárcel como “jefe de la organización criminal”. Pero… ¿Dónde estaban los almacenes de la droga? ¿Quiénes eran los proveedores? ¿Cómo se distribuía la mercancía? ¿Cuáles fueron los beneficios de esta actividad? ¿Cómo se recaudaban? ¿Se sobornó a policías? ¿Quién, cómo y por cuanto? ¿Cuál era la contabilidad de esta red criminal? La fiscal dice que existir, existía, pero no sabemos dónde está, ni qué datos recoge.

Estas son sólo algunas de las preguntas sin respuestas en el informe de conclusiones provisionales que ha presentado la fiscal, en el qué, sin embargo, pide penas durísimas en base a unos supuestos en absoluto concretados.

Policía acusado y defendido a la vez

Por lo que respecta al agente policial imputado, llama la atención que se le atribuye revelación de secretos y trato de favor a delincuentes cuando en el mismo escrito del fiscal se reconoce que no atendió la petición de un “confidente” que le pidió “que metiera a su hijo en los Mossos” o cuando “otro sospechoso” le llamó para pedirle intermediación respecto a una “mula” –porteador” que acabó detenido en el aeropuerto.

La fiscalía, quizá por equivocación, explica que el Mosso es miembro de esta organización criminal desde el año 2000 pero en esas fechas el policía estaba destinado en Manresa y no en Vilanova i la Geltrú donde se supone (porque no hay concreción alguna) que ocurrieron los hechos que se enmarcan en la llamada “operación Macedonia”.

La fiscalía supone que el policía ha estado en nómina de los narcos y para ello sugiere una hipótesis de ingresos “oscuros” que, paradójicamente, el propio agente entregó y documentó en el juzgado para ilustrar que jamás cobró un céntimo fuera de su nómina de policía, más allá de una herencia –tras la muerte de su padre- que, como queda acreditado en el sumario, ingresó la familia a través de su madre.

Macedonia se cae como un azucarillo

Todos los guardias civiles (una docena), policías nacionales ( 8 agentes y mandos) y más de 10 mossos d’esquadra inicialmente imputados por el juez Aguirre en el marco de esta investigación han resultado absueltos o las acusaciones contra ellos, archivadas.

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