Caso BPA: Joan Pau Miquel o el “conejito de Duracell”

Joan Pau Miquel, el exCEO del banco, lleva un mes declarando, día tras día, durante seis horas por jornada, dando detalles de todo, como si no se fiase de que esos detalles que le benefician fueran a tener calado en los jueces del tribunal si no es porque él se pone pesado.

Caso BPA, la verdad ocultada

Esta semana se ha cumplido un mes desde que se reinició el juicio por el llamado “caso BPA”, una investigación pantagruélica en la que se acusa al banco que fuera propiedad de los hermanos Cierco de blanqueo de capitales. Se trata de un caso espeso, voluminoso, con más de 20 imputados, con un banco intervenido, con la pezuña de los EE.UU. merodeando desde mucho antes del principio, con los fiscales andorranos pergeñando estrategias y tempos con los fiscales españoles del “caso Emperador” y al revés, con unos jueces veteranos hartos de dilaciones y con ganas de quitarse el muerto de encima. Por que lo de BPA es un muerto. O quizá un marrón. Sí, un marrón que pesa como el plomo, y si no que se lo digan a los imputados en la causa y también a todos aquellos moscardones con carnet político andorrano que revolotean alrededor del sumario como meros espectadores, creen ellos, como jueces y parte, creemos los que hemos profundizado en la causa.

Los Cierco lo hicieron igual de bien, o de mal, que el resto de bancos de ese país pero alguien, en un momento dado, desde su privilegiada posición y convenientemente protegido, salvó su culo señalando al de estos dos hermanos que gestionaron un banco como si fuera una empresa familiar, sí, pero sometidos escrupulosamente a las leyes y a los controles que avalan, sin resquicio alguno, su gestión. Los moscardones lo saben. Y lo intentaron solapar mintiendo.

Este primer mes de juicio ha dejado en evidencia, por ejemplo, que el INAF (el controlador bancario andorrano) mintió cuando dijo que no tenía acta alguna de las reuniones verificadoras y de la gestión financiera anual de BPA. Las actas han aparecido y el juez Anglada las ha incluido en la causa. Pero además de ello y del enorme efecto y valor que va a tener ese “descubrimiento inesperado” para el desenlace final, este primer mes de julio nos ha presentado un hecho prácticamente insólito en la historia judicial (en la andorrana, por su puesto): El primero de los imputados, el exCEO del banco, Joan Pau Miquel, lleva un mes declarando. Día tras día, durante seis horas por jornada. Dando detalles de todo, como si no se fiase de que esos detalles que le benefician fueran a tener calado en los jueces del tribunal si no es porque él se pone pesado.

Los jueces, los imputados y el público, hacen verdaderos esfuerzos para no dormirse. Miquel lee hasta el último de los informes, leyes, acuerdos, resoluciones, auditorías y anotaciones que demuestran que todo lo dicho por el fiscal Alberca es una patraña de mentiras.

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Quienes conocemos al presidente del tribunal, Enric Anglada, sabemos de su capacidad jurídica y de su temple veterano y resabiado. Sabedor de que, ni antes ni ahora, nadie le va a reprochar que, por su culpa, un imputado va a ver cercenado su derecho de defensa, Anglada se pone en modo zen cada mañana cuando dice aquello de… “Se inicia la sesión”. Pero tras un mes de lenguaraz discurso exculpatorio por parte del exCEO, uno se plantea si, en realidad, la necesidad que Miquel tiene de dejar todo claro y clarito ante sus señorías, no se le va a girar en contra.

De momento el fiscal, Alfons Alberca, está que se sube por las paredes. Su cuello y sus elocuentes mofletes enrojecen, incontenibles, a medida que avanza cada sesión del juicio. Claro que eso a Miquel se la trae al pairo. Transcurrido el primer mes de juicio, entre Anglada y Miquel se ha establecido un reto no verbalizado que no es otro que: “A ver quien puede más… si tú o yo. Tú y tu derecho de defensa o yo y mi derecho a no caer en la provocación de cerrarte la boca, que no hace falta que me leas las cosas, que con que me digas las páginas dónde se encuentran ya las iré yo a buscar… pero aquí estoy yo aguantado, que me queda poco para jubilarme y aún no ha nacido el guapo que me acuse a mí de no amparar el derecho de defensa de un imputado”.

Con todo, y tras dos años en la cárcel, bien es cierto que Miquel se merece el derecho a ser escuchado. Quizá el derecho a ser, por fin, escuchado. Y por ello, quizá los que observamos impertérritos su profuso discurso deberíamos ser más condescendientes. Con todo, y todo sea dicho de paso, lo que está derramando sobre la mesa del tribunal es de una potencia jurídica manifiestamente incuestionable (lo es para los que somos legos en materia jurídica y lo va a ser para los magistrados que componen el tribunal, unos tipos acostumbrados, tras 40 años de oficio, a separar el grano de la paja al vuelo). Y el representante del Ministerio Fiscal está que trina porque está, como todos, cansado, como antes apuntaba, pero me da a mí que también empieza a estar un poco abrumado por los efectos de las pilas de Duracell de Joan Pau Miquel, que duran y duran y cansan y cansan hasta el hastío pero que están mojando parte de la pólvora incriminatoria del fiscal, y este lo sabe.

Consejeros tiene el Rey y no vendré yo a suplirlos, pero uno, quizá por deformación periodística, piensa que 5 puñetazos bien dados, y previamente bien fraguados, son más efectivos que 500 collejas. Pero como casi siempre, me puedo equivocar.

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