‘Caso Agissa’: se prevé un verano caliente

Fuentes próximas al caso han señalado a eltaquigrafo.com que las declaraciones testificales previstas para principios de agosto pretenden dar un giro en la investigación por la presunta corrupción municipal que salpicó a Carles Puigdemont cuando fue alcalde de Girona

Caso Agissa: se prevé un verano caliente
Carles Puigdemont en una foto de archivo en su época como alcalde de Girona / ACN

El juez de Instrucción 2 de Girona, al mando de la investigación del conocido ‘caso Agissa’, ha citado a declarar para los próximos días 2 y 3 de agosto a destacados representantes de la Administración General del Estado en el Ayuntamiento de Girona. El juez y la Fiscalía Anticorrupción van a pedirles explicaciones en relación con diversos contratos suscritos entre el consistorio y la empresa EFIAL; mercantil implicada en el ‘caso 3%’, que se investigó en el Juzgado de Instrucción número 1 de el Vendrell, sospechosa de manipular y camuflar contratos públicos.

El juez de Girona tiene especial interés en saber porque algunos contratos firmados entre el Ayuntamiento, cuando su alcalde era Carles Puigdemont, y la empresa EFIAL fueron aparentemente troceados para evitar, así, trámites preceptivos de control en el proceso adjudicatario.

El Supremo rechazó investigar a Puigdemont por esta causa

Cabe recordar, que, en esta causa, el Juzgado de Instrucción 2 de Girona solicitó el suplicatorio necesario al Tribunal Supremo para investigar como aforado a Carles Puigdemont. Petición que les fue denegada por parte del TS al entender que el comportamiento del entonces edil fue reprobable, pero no delictivo-penal.

En relación con el uso del canon del agua – que se utilizó para comprar la colección de arte del Fondo ‘Santos Torroella’ y no, para los fines previstos – el Supremo, como también opinaba la Fiscalía, aseguró haber archivado la causa penal, a pesar de que se realizara una transferencia de fondo no permitida por la ley. En todo caso, matizó, dicha transferencia debería ser considerada un ilícito administrativo, pero no penal. En su resolución, el Alto Tribunal recordaba la jurisprudencia que diferencia entre una ilegalidad administrativa y un delito de prevaricación, que descarta en este caso.

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«Resultando cierta la ilegalidad administrativa, por haberse utilizado el canon del agua sin respetar sus límites finalísticos y presupuestarios, no puede entenderse que la resolución dictada lo haya sido por órgano incompetente, ni que se haya prescindido de las normas esenciales del procedimiento, ni que sea consecuencia de la comisión de una infracción penal o expresión de la misma, máximo si se tiene en cuenta que la desviación de finalidad pública hoy constituye, sin más, un ilícito administrativo», señalaba el auto, en este sentido.

Nuevas pruebas incriminatorias

Ahora el juzgado de Girona plantea una nueva línea incriminatoria que puede alcanzar a Puigdemont y volver a poner sobre la mesa el ‘caso Agissa’; evidenciando si, efectivamente, el expresident, cuando fue alcalde de Girona, incurrió o no en los delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, tanto en la gestión de las aguas que abastecían sus ciudad, como en otras contrataciones o subcontrataciones efectuadas con aparente ligereza y desprecio a la legalidad.

3 Comentarios

  1. ¿Donde estaba aquí la oficina antifrau de Cataluña? Seguíra colocando a periodistas, jueces y políticos, o ya cumplieron ambas partes.

  2. La (siembra de propaganda) para influir en la opinión pública hoy en día es un hecho perpetuo, que Trolls de la información la llevan a cabo por jalleres e interés dándoles igual petardear y ser un chiste.
    Como dice la sexta: Más friquismo.

    • Entre tantas lindeces y presuntos delitos contra Puigdemont, cada día la cadena perpetua y la estradicion está más cerca. Somy.

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