Arranca el juicio al ‹major› Trapero

Josep Lluís Trapero (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, 1965) se enfrenta a una petición de 11 años de prisión, por parte de la Fiscalía, si no hay cambios de última hora, por un presunto delito de rebelión.

Arranca el juicio al ‹major› Trapero
Trapero, en una comparecencia, cuando era ‹major› de los Mossos.

Josep Lluís Trapero era el major de los Mossos d’Esquadra el 1-O, cuando se celebró el referéndum no autorizado en Catalunya. Como mando responsable de la policía catalana ese día en concreto, se le acusa de rebelión por la supuesta participación del cuerpo policial en el procés. Se le imputa un presunto delito más grave y, por lo tanto, con una pena más elevada, que al que fue condenado su jefe político, Joaquim Forn, por el Tribunal Supremo (TS)  que, finalmente, fue de sedición.

Con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por parte del gobierno del Partido Popular, sobre Catalunya, el 28 de octubre de 2017, Trapero fue cesado de su cargo y relegado a la ejecución de tareas administrativas en una comisaría de la capital catalana. Desde entonces, desapareció de la vida pública, excepto cuando fue citado a declarar por el TS en el juicio que condenó a los líderes independentistas a un total de 100 años de prisión.

Junto al major, se sientan en el banquillo el exdirector de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, el exsecretario del departamento de Interior, César Puig, y la intendente, Teresa Laplana, en un juicio que se prevé que dure hasta el inicio de la próxima primavera.

Guardia Civil vs Mossos

Los dos primeros testigos en declarar, el 3 y el 4 de febrero, respectivamente, seran el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, coordinador del operativo policial el 1-O, y quien era segundo de Trapero y, tras el 155, le sustituyó en el cargo, Ferran López.

El primero es quien más ha atacado a Trapero por la actuación de los Mossos durante esos días, llegando a afirmar, en su declaración ante el TS, durante el juicio del procés, que el major organizó un dispositivo para el 1-O, cuyo único fin era el de facilitar el referéndum, a pesar de la orden judicial de prohibirlo.

El segundo, no sólo niega todo lo que declaró Pérez de los Cobos ante el Supremo, sino que afirma que el coronel de la Guardia Civil conocía, de antemano, el plan que iba a llevar la policía catalana durante ese día.

Fiscalía podría cambiar la acusación

La Fiscalía General del Estado podría cambiar el delito que se imputa a Trapero por el de sedición, ya que no tendría ningún sentido que se pidiera, para el mando policial, un delito más grave que por el que se ha condenado a su jefe político, el exconseller, Joaquim Forn.

Pero la sentencia del Supremo hace responsable a Trapero, por encima de Forn, al considerar que el exconseller, «aceptó los criterios expuestos por el jefe de los Mossos y fijó como objetivo prioritario de la intervención policial preservar la convivencia en referencia a una expresión presente en la imperativa resolución judicial, sin dar cuenta, por descontado, del sentido interesadamente atribuido a esta expresión. Con eso disimulaba ―al menos de manera inverosímil― su verdadero propósito de que la actuación de los Mossos no constituyera un riesgo para el objetivo delictivo de los coacusados».

Y acusa a los Mossos de, con su plan de parejas de agentes (binomios) en cada colegio electoral, hacer ver que eran insuficientes para hacer cumplir el mandato judicial: «La coartada de la insuficiencia de Mossos en cada uno y en todos los centros para cumplir el mandato de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), se mostró con cínica notoriedad», sentencia el Magno Tribunal.

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