Andorra suspende de nuevo el juicio de la BPA

La recusación del Fiscal General de Andorra y del Fiscal Adjunto por parte de la práctica totalidad de las defensas de este caso ha vuelto a retrasar el inicio de la vista oral en el Principado

Andorra suspende de nuevo el juicio de la BPA
El fiscal general de Andorra Alfons Alberca y su adjunto Borja Aguado

La resolución judicial del caso Banca Privada de Andorra parece no tener fin. Este jueves el Tribunal de Corts andorrano ha comunicado a las partes que vuelve a suspender la vista oral que estaba prevista iniciarse el próximo lunes 2 de noviembre. La suspensión se produce a petición de la propia Fiscalía y sin fijar una nueva fecha de inicio.

Recusación de los fiscales

El motivo de este nuevo aplazamiento es la recusación de los fiscales andorranos Alfons Alberca y Borja Aguado realizada por los abogados de las defensas.

La petición de apartar a los fiscales de este caso se basaría, según las defensas, en el intento de modificación de la Ley de Procedimiento Penal por parte de los fiscales andorranos. Estos, se reunieron con parlamentarios del partido del gobierno, para intentar introducir unas modificaciones legislativas que les permitieran incorporar, en la causa BPA, pruebas procedentes de otras causas, algunas de ellas ya cerradas en España.

La estrategia de la Fiscalía pasaba por llevar al parlamento andorrano unas modificaciones de ley para su aprobación, que en pocas semanas hubieran sido de aplicación y que hubieran permitido aportar a la causa escuchas telefónicas y documentación procedente de otros casos.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional de Andorra ya dio la razón a las defensas al acordar que la incorporación de pruebas procedentes de otras causas podía vulnerar, entre otros, el derecho a la intimidad de las personas y pidió que se retiraran.

Separación de poderes

Para las defensas el proceder de la Fiscalía es extremadamente grave, ya que la reunión de los fiscales con miembros del poder legislativo incumple la Ley del Ministerio Fiscal y el Código de Procedimiento del Parlamento andorrano.

Según indica dicha ley, los fiscales deberían haberse reunido con el presidente del parlamento para proponer cambios legislativos, y este debería haber convocado a todos los grupos parlamentarios para debatir las modificaciones.

En este caso los fiscales se reunieron únicamente con parlamentarios de la mayoría que da apoyo al gobierno, como ha reconocido en declaraciones en distintos medios de comunicación el ministro de finanzas andorrano Eric Jover. El ministro ha argumentado que los contactos fueron meramente “informales”, aunque llevaron a una propuesta de modificación de ley que al final, tras el escándalo, no ha sido votada en el parlamento.

Suspensiones encadenadas

Esta suspensión se produce, de nuevo, a petición de la fiscalía que quiere agotar los plazos para presentar alegaciones en su defensa para no ser apartada del juicio.

Este nuevo aplazamiento sería, por lo menos, el cuarto des de que se inició la vista oral por el caso BPA. La primera suspensión se produjo debido a la recusación del presidente del Tribunal de Corts el magistrado catalán Josep Maria Pijuan, que fue apartado del juicio.

La segunda suspensión llego como consecuencia del fallecimiento de Melania Zamora Bonet, fundadora del grupo de perfumerías Julia, y accionista minoritaria de BPA, que se presentaba como acusación particular. En este caso se tuvo que esperar a la aceptación de la herencia de la difunta para conocer quién, legalmente, ocuparía su lugar en la acusación. Melania Zamora era también la madre del actual presidente del gobierno de Andorra, Xavier Espot, y la cadena de perfumerías aparece en el sumario del caso BPA compensando dinero en España con el hombre de Gao Ping , el empresario barcelonés Rafael Pallardó .

Los dos siguientes aplazamiento se producen a petición de la propia fiscalía y están relacionados con el intento de modificación legislativa y la recusación de los fiscales por ese motivo.

No obstante, algunas fuentes consultadas coinciden en que la voluntad última de los fiscales en este momento sigue siendo la de ganar tiempo y conseguir llevar las polémicas modificaciones de ley al parlamento para su aprobación.

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