AIRENET pedirá imputar por delitos contra la salud pública la contaminación de TERSA

La plataforma vecinal AIRENET, que impulsó la primera denuncia contra la incineradora TERSA, no sólo pide extender la acusación a la actual 2ª teniente de alcalde, Janet Sanz, sino que luchará por ampliar la imputación por delitos contra la salud pública

AIRENET pedirá imputar por delitos contra la salud pública la contaminación de TERSA
AIRENET se personará como acusación particular / ACN

Ya es oficial: la plataforma AIRENET, que impulsó la primera denuncia contra la incineradora TERSA, formará parte de la acusación particular en la denuncia por presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, impulsada por la Fiscalía y en contra esta planta de incineración de residuos, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona.

Sus líneas de actuación

En una rueda de prensa, celebrada este miércoles en la Torre de les Aigües del Besós, la Coordinadora vecinal ha expuesto sus principales líneas de acusación, centradas en dos puntos clave: por un lado, en extender la imputación a la actual 2ª teniente de alcalde del consistorio barcelonés, Janet Sanz, en el momento de su denuncia – abril de 2018 – presidenta de TERSA; y, por otro lado, en solicitar la ampliación de la causa por presuntos delitos contra la salud pública.

“Entendemos que no sólo el medio ambiente sale perjudicado de las emisiones contaminantes de la planta de incineración” ha declarado ante eltaquigrafo.com Silvina Frucella, presidenta de la coordinadora vecinal.

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Su campaña de crowdfunding

La rueda de prensa, en la que también han participado los asesores jurídicos de AIRENET, también se ha centrado en explicar su ambiciosa campaña de crowdfunding para sufragar gastos legales. GOTEO, el nombre con el que han bautizado este iniciativa, pretende garantizar los gastos derivados del asesoramiento jurídico, ante un caso que consideran todo un éxito pues, según las mismas voces, “se podrá hacer justicia contra unas instituciones que no velan por las personas, sino que velan por empresas contaminantes”.

«Tenemos derecho a respirar aire puro«. Es un caso emblemático, asegura Silvina, que ha insistido en la necesidad de hacer justicia y romper con la impunidad con las que nuestras administraciones protegen estas industrias contaminantes.

Además, ha recordado que, a diferencia de lo que ha sucedido con otras campañas contra empresas contaminantes, como es el caso de la cementera Lafarge, en Montcada i Reixac, en esta ocasión la denuncia inicial y la posterior investigación de la Fiscalía, junto con el Seprona de la Guardia Civil, han garantizado que el caso llegue a instrucción, concretamente ante el Juzgado núm.5 de Badalona.

“Recursos de la gente para actuar contra la gente”

Desde AIRENET denuncian que se enfrentan a «un monstruo que cuenta con todos los recursos, nuestros recursos, que utiliza como si fueran propios». De hecho, Silvina ha matizado a preguntas de este medio que la incineradora ha contratado a uno de los despachos de abogados más caros de España, con dinero público, para seguir operando con «prácticas opacas y contaminantes«. Y, a pesar de saber que se enfrentan a este “monstruo”, los asesores jurídicos han anunciado que las penas a las que se podrían enfrentar los responsables, tanto personas físicas como jurídicas, son muy elevadas.

Eloi Badia en el punto de mira

Y, aunque la imputación se quiere hacer extensible a la actual 2ª teniente de alcalde, la cara más señalada, tanto por la Fiscalía, como por el Seprona, está siendo el actual concejal de medio ambiente del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, además, presidente de TERSA.

De hecho, según las diligencias que abrió la Guardia Civil en 2018, a petición de la Fiscalía, y que se han demorado hasta la actualidad, para los investigadores Badia, como presidente de la empresa municipal, y el jefe de la explotación de la planta incineradora del Besós serían los máximos responsables de la emisión de “numerosas partículas y gases contaminantes”, durante los procesos de “incineración de residuos municipales y generación de energía”.

Ya en 2018…

De hecho, ya en 2018 varios técnicos de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático realizaron una inspección protocolaria, detectando entonces “diversas irregularidades” en los protocolos de la cuestionada incineradora.

Se requirió, pues, en fecha 27 de marzo de ese año, a los responsables de TERSA que “pusieran en marcha los quemadores auxiliares cuando la temperatura de la cámara de combustión bajara de los 850º, que bloquearan la alimentación siempre que no alcanzara la citada temperatura en el interior del horno y tramitaran los ficheros mensuales en formato Excel corregidos”. Ya que durante la inspección también hallaron fallos en este sistema de control interno.

Los siguientes pasos

Con todo, y atendiendo a la petición del fiscal, el juez ha ordenado a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat que aporte los datos de las emisiones de TERSA desde el año 2017. Además, la Fiscalía ha pedido al Seprona de la Guardia Civil una nueva ampliación del atestado y al Instituto Nacional de Toxicología un análisis de la repercusión en la salud pública de dichas emisiones.

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