Aguas turbias, aguas bravas, aguas termales

Ricardo Gómez de Olarte
Ricardo Gómez de Olarte

Según diversos medios de cualquier tendencia, parece que la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Girona están investigando un desvío de fondos procedentes del canon pagado por la empresa adjudicataria del servicio de aguas, “Agissa”, a la compra del fondo de arte Santos Torroella. La colección está formada por una treintena de obras de Joan Miró, Salvador Dalí, Antoni Tapies y Picasso, entre otros artistas y fondos documentales.

Dicha compra se acordó por el Ayuntamiento de Girona tan solo por el voto de calidad del entonces alcalde de Girona, que era el Sr. Puigdemont.

Forma parte de una investigación mayor que afecta a la renovación del contrato de aguas, aprobada en 2013 por Puigdemont, y en la que se investiga el supuesto desvío de 15 millones de euros. La concesionaria es una empresa mixta en la que los Ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter cuentan con el 20% del capital y el resto es de un socio privado que, siempre según las investigaciones, obtuvo beneficios millonarios indebidamente.

En aquella época, los alcaldes de las poblaciones afectadas eran por Girona, Puigdemont, por Salt, Jaume Torramadé y por Sarriá de Ter, Roger Torrent.

Según las explicaciones ofrecidas entonces por Puigdemont, el Ayuntamiento de Girona iba a ahorrarse 800.000.- € y, por lo que parece, está documentado que finalmente el Ayuntamiento de Girona ha pagado íntegramente la colección.

También se estima que se ha desviado un millón de euros del canon del agua para sufragar el pago del primer millón por la compra de la colección.

En resumen, las aguas turbias serían la concreción de los delitos por malversación, apropiación indebida, prevaricación y falsedad en documento mercantil contra los anteriormente ex alcaldes, entre otras personas.

Hasta aquí los hechos. Vamos ahora a examinar las aguas bravas en una secuencia que podría darse.

Si el Juzgado de Instrucción nº 2 de Girona declara como investigados a los aforados Puigdemont y Torrent, deberá inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Para garantizar los derechos constitucionales (el de defensa especialmente) de Puigdemont, el TSJC deberá solicitar la extradición de este señor.

A partir de este punto es cuando a todos, empezando por Puigdemont, se nos va a quedar cara de Bill Murray en “Atrapado en el tiempo”.

La malversación de caudales públicos y la prevaricación por el caso de la rebelión ya fueron denegadas por Bélgica. Puede que por el presente caso sí se otorgue, aunque particularmente lo pongo en duda.

La decisión de la compra de la colección tuvo el respaldo -escaso, pero lo tuvo- del Ayuntamiento y el destino del dinero fue el de una colección de arte para la ciudad de Girona. Es de imaginar la defensa en Bélgica: “Me están persiguiendo por dar arte al pueblo catalán sin que yo me quedara un céntimo”.

Por otra parte, el Código Penal belga tiene más agujeros que un queso gruyère. Lo que en cualquier país occidental vendría a reconocerse como delito de prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que es arbitraria), en Bélgica se recoge en el Art. 239 de su Código Penal de forma mucho más laxa que en España.

La malversación sería relativa, ya que el dinero lo ha desviado de un sitio pero en lugar de aplicarlo a un bien público predeterminado lo ha destinado a otro bien público y con una mayoría, escasa pero mayoría, municipal.

A pesar de que la apropiación indebida en Bélgica está más castigada que en España (de 5 a 10 años de prisión belgas frente a los de 2 a 6 años de prisión españoles) no parece existir prueba que evidencie que Puigdemont se haya apropiado de un céntimo.

En cuanto a la falsedad en documento mercantil estamos en las mismas que con la apropiación indebida, por ahora no hay rastro de documento falsificado.

Particularmente lo encuentro todo muy cogido por los pelos. Mucho tendrá que afinar la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción nº 2 y, en su caso, el TSJC para declarar como investigado a Puigdemont y así evitar otro ridículo internacional como el de ocasión anterior.

Es evidente que Puigdemont eligió con mucho cuidado Bélgica como placentero refugio. En definitiva, un balneario para ese prófugo español (según consta en su pasaporte). De acuerdo con el Código Penal, es inevitable pensar en cierto paralelismo entre isla Tortuga para los piratas y Bélgica para muchos tipos de delitos, especialmente muchos de los presuntamente cometidos por funcionarios. ¿Quizás esta circunstancia pesó a la hora de elegir Bruselas como sede del Parlamento europeo?

Europa solo será un bloque político real cuando tenga un único código penal común. Mientras tanto no es más que la suma de intereses no coincidentes.

¿Y las aguas termales? El balneario belga de Spa se encuentra a 142 kms de Waterloo.

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