Abogados lamentan la demora de las medidas de comunicación en las prisiones

Las comunicaciones ordinarias y los vis a vis entre los internos y el exterior se han cancelado temporalmente por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, las nuevas medidas de comunicación parece que no acaban de funcionar.

Abogados lamentan la demora de las medidas de comunicación en las prisiones
A Soto del Real han llegado cinco dispositivos móviles | CARLOS DELGADO

El que los presos puedan hacer videollamadas desde el interior de las prisiones está siendo una medida totalmente revolucionaria durante esta pandemia por el coronavirus. Sin embargo, aunque es una propuesta recogida por la totalidad de las prisiones españolas, de momento, solo se está llevando a cabo en las prisiones catalanas, cuyas competencias dependen de la Generalitat y no, pues, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

Dicha Secretaría, que a su vez depende del Ministerio del Interior, es quien debe administrar y gestionar la puesta en marcha de la iniciativa de las videollamadas en el resto de los centros penitenciarios españoles. Pero la demora es evidente y tanto internos, familiares como abogados exigen que se gestione cuanto antes. 

En este sentido, como explicaba a este medio Iñaki Rivera, profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona (UB) y director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de dicha universidad, un grupo de abogados penitenciarios de nuestro país, del que él forma parte, lamentaba esta semana la demora en la puesta en marcha de esta novedosa medida. La cual, está ayudando a mitigar la tensión existente en las prisiones de nuestro país, dada la suspensión temporal de las comunicaciones ordinarias y de vis a vis como consecuencia de la pandemia. 

En Soto del Real 

En la prisión de Soto del Real, en Madrid, un abogado explicaba que uno de sus clientes le había comentado que «por fin» habían llegado cinco dispositivos móviles para empezar con las videollamadas. Sin embargo, lamentaba el letrado, nadie les había comunicado nada más al respecto y comentaba que los internos siguen teniendo dudas en relación con «cuántos números pueden autorizar». 

Se criticaba, por otro lado, que «solo les avisan con una hora de antelación y, encima, es por WhatsApp, un medio poco seguro y no respetuoso con la Ley de Protección de Datos». En general, la crispación entre los abogados, como describía Rivera, es notoria y lamentan la poca efectividad de las nuevas medidas de comunicación en las prisiones españolas. 

En Pamplona

«En Pamplona hasta ahora, por lo que sabemos, no han llegado móviles y, aunque lleguen, el director ya ha dicho que es muy reacio a su utilización y, mucho menos, a través de aplicaciones tipo WhatsApp, por motivos de seguridad», apuntaba otro de los letrados. 

También en Pamplona, se activó un teléfono para garantizar el contacto entre los internos y sus abogados y, así, reducir la entrada de abogados/as en prisión (que pueden acceder previa autorización) y que su presencia pudiera suponer algún foco de contagio. En Pamplona, concretamente, los abogados siguen prestando su servicio tres días por semana, pero en lugar de acudir a la cárcel para dialogar con los reclusos desde los locutorios, ahora se desplazan a la sede del Colegio de Abogados.

Sin embargo, la innovadora atención telefónica cuenta con varias trabas que influyen en el descenso de la demanda de consultas. Así, este servicio ha pasado de atender a una media de 25 reclusos en cada guardia a sólo cinco a través del hilo telefónico. Las razones del menor uso de la orientación jurídica penitenciaria pueden ser varias, pero los abogados las concentran en tres: a diferencia del convenio firmado con el Gobierno foral, el servicio no es gratuito y tiene coste la llamada que efectúan al colegio de abogados; no se descuentan dentro del cupo limitado de contactos telefónicos que todos los presos pueden realizar semanalmente, que han aumentado de 10 a 15 llamadas, pero no se han ampliado los horarios; y, finalmente, los tres módulos aptos en la prisión de Pamplona y que concentran a los 320 internos de dicha cárcel, solo disponen de dos cabinas por módulo (tres activos y el de ingresos) y de otra en la enfermería. Por tanto, la privacidad de las conversaciones es mínima, puesto que varios internos hacen cola para poder usar también la cabina, resume Blanca Ramos, decana del Colegio de Abogados de Pamplona.

En Valladolid

«En Valladolid, seguimos sin funcionar porque no hay zonas seguras de cobertura y no nos han dado más respuesta», lamentaba otro de los letrados citados por Rivera. 

El director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB matizaba que en Catalunya se ha podido instaurar antes al tratarse de una administración más reducida, con menos centros que gestionar. Según las informaciones que él mismo asegura haber recibido de compañeros de todo el país, se deduce que aun con muchas deficiencias el sistema catalán, por su menor número de centros, habría sabido resolver esta cuestión con más solvencia.

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