A propósito de lo justo y lo legal

Si la ley no convence, cambiemos la ley, pero no a quienes se limitan a aplicarla.

A propósito de lo justo y lo legal
"La ley es dura, pero es ley"

Ante todo, debo agradecer a El Taquígrafo, y especialmente a Carlos Quílez, que permita la libertad de sus colaboradores, entre los que me incluyo, y desde la primera de mis colaboraciones queda claro que sólo expreso mi opinión.

En España, una resolución es justa o injusta si objetivamente es ajustada a la equidad. Solo la llamaremos injusta al ir contra nuestros intereses si nosotros somos injustos y perdemos la objetividad, lo cual es muy fácil si somos nosotros mismos los receptores de esa resolución.

Jurídicamente, una resolución injusta lo es cuando una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Esa injusticia se basa en haber traspasado la legalidad a sabiendas de que se traspasa. El caso más sencillo de entender, y también el más complicado de apreciar en derecho, es el del juez que dicta resoluciones contrarias a la ley o fundadas en manifiestas falsedades. Así pues, bajo ningún concepto debe confundirse lo justo (o su concepto para el común de la ciudadanía ajena al derecho) con lo legal o con lo legalmente justo.

Exquisitez y garantismo

En absoluto se puede estar de acuerdo con el concepto de justicia o injusticia ante todo el procedimiento de instrucción y juicio del “prusés”. Todos los jueces han obrado con una exquisitez y garantismo inusuales en estos casos. De hecho, por agravio comparativo, muchos abogados seguimos estupefactos con todo lo que se ha consentido a las defensas y a los propios procesados.

¿Pablo Llarena es un juez justo? Sí, lo es. Y mucho. Porque ha aplicado la ley. ¿La ley es injusta (según el concepto ajeno al derecho)? Pues a veces sí y a veces no. Dice el director de El Taquígrafo que Llarena jamás dictó una sentencia a favor de los okupas. Pero es que la ley está contra el concepto que tienen los okupas de conseguir vivienda. Llarena aplicó la ley. Nada más. Esa misma ley permite quedarse con vivienda de una forma legal: se llama usucapión. Y Llarena jamás dictó una sentencia en contra de la consecución de una vivienda a través de la usucapión. ¿Fue entonces injusto Llarena?

¿Marchena estuvo en todas las salsas? Puede. ¿Tuvo amistades peligrosas? Puede. ¿Son sospechosos los abogados de los delincuentes de la actuación de sus clientes delincuentes? No. ¿El trabajo de los abogados debe ser puesto en tela de juicio por haber sido vistos en compañía de delincuentes? Evidentemente, no. ¿Son sospechosos los periodistas de algo por haber estado en compañía de delincuentes? Tampoco. Y más cuando hay actos protocolarios o profesionales de por medio.

Muchos, muchísimos jueces dan clases a opositores. La docencia es una actividad reglada y permitida a jueces y fiscales. ¿Cómo podía saber Marchena que la escuela donde impartía clases era de Villarejo, cuando este era intachable? ¿Cómo puede saber un periodista que un juez era corrupto o un financiero ser delincuente, cuando estaban en la cresta de la ola? Todos conocemos periodistas que adularon a Pascual Estevill o a de la Rosa o a Mario Conde en sus épocas de gloria. ¿Marlaska fue un buen juez en la Audiencia Nacional? Sí, pero como ministro ha abandonado a sus antiguos colaboradores, que repetidamente ensalzó. ¿Es injusto o tan solo es legal?

Fiscalía, abogados y acusados

En cuanto a Fiscalía me tengo que callar. Hace muchos años que perdió mucha de su objetividad e independencia. De hecho, conozco a varios fiscales muy hartos de esa deriva, que han optado por otras vías, dentro y fuera de Fiscalía.

Por lo que afecta a los abogados, somos abogados. Nadie nos obliga a aceptar clientes ni nadie nos obliga a ejercer defensas más o menos encendidas. Allá cada cual con su conciencia. Ocurre lo mismo con los periodistas o con profesiones liberales: todos nos debemos a nuestras familias, que deben comer.

Finalmente, los acusados. Éstos fueron avisados por activa y por pasiva de que no continuaran con su proceder porque constituiría delito. Tal como se ha hecho ahora con Torrent. Unos se bajaron del carro y otros —por convicción o por perpetuarse en la poltrona— continuaron, erre que erre. Particularmente creo que valiente no ha sido ninguno. Puigdemont se largó antes, dejando a los demás en la estacada. Pero ¿los demás no se habrían largado igual si hubieran sido conscientes de que la Administración de Justicia hubiera actuado como lo ha hecho? ¡Si hasta se ha fugado Anna Gabriel, a la que sólo le podían caer seis meses de prisión y ¡no hubiera entrado jamás en prisión! ¿En qué pensaban los acusados, en que les dejarían entrar y salir de prisión para irse de vacaciones? Es la ley, no un parvulario.

Las condiciones de la prisión preventiva que están disfrutando los presos son absolutamente aberrantes. Ni un solo preso preventivo que he tenido como cliente ha gozado jamás de una infinitésima parte de dichas condiciones absolutamente irregulares, que lo son. ¿Es justo para los otros presos preventivos?

La sentencia

Por último, la sentencia. A pesar de la división de opiniones, lo más sensato es pensar que será por sedición (reconociendo la existencia de violencia, pero insuficiente para la rebelión) y malversación. Se consigue una sentencia unánime, sin fisuras, que se podrá pasear por todo el mundo sin ninguna clase de problema, evitando sesgos políticos. De paso, se evitarán a Conde Pumpido en el Constitucional y al Tribunal de Estrasburgo.

Cuando el Tribunal permita a los ahora acusados acceder al tercer grado a la mitad de la condena (y no a los dos tercios como marca la ley), ¿serán tan injustos? La ley es dura, pero es ley. Pero la ley no es tan dura para unos como para otros. Si la ley no convence, cambiemos la ley, pero no a quienes se limitan a aplicarla. Cuando no nos gusta el mensaje, no caigamos en el error de matar al mensajero.

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